La noticia de las detenciones ha provocado reacciones encontradas
El Salvador fue escenario de un importante operativo policial que resultó en la detención de ocho veteranos de guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), acusados de planear atentados con explosivos durante la investidura del presidente Nayib Bukele. Entre los detenidos se encuentra Atilio Montalvo, conocido como ‘Salvador Guerra’, miembro de la Comisión Negociadora de los Acuerdos de Paz.
La Policía Nacional Civil (PNC) realizó las detenciones entre el jueves y el viernes, en un contexto de máxima seguridad ante la investidura de Bukele, que tuvo lugar este sábado 1 de junio. Según la PNC, los detenidos planeaban atacar gasolineras, supermercados e instituciones públicas. La captura se llevó a cabo apenas unas horas antes de la llegada del Rey Felipe VI, quien asistió a la ceremonia como símbolo de la amistad entre España y El Salvador.
La PNC publicó un audio que supuestamente revela los planes de los detenidos, aunque en él no se menciona explícitamente ningún explosivo. Sin embargo, las autoridades encontraron múltiples dispositivos explosivos durante los allanamientos en Guazapa, al norte de la capital. Entre los hallazgos había explosivos con mecha, sulfato de amonio, tubos plásticos llenos de materiales explosivos y otros dispositivos diseñados para causar daño significativo.
El jefe de la PNC, al comentar sobre las detenciones, señaló que los veteranos formaban parte de la ‘Brigada de Insurrección Salvadoreña’ y que su objetivo era la colocación de explosivos con temporizadores en varios objetivos. Entre los arrestados también figura José Santos Melara Yánez, exdiputado del FMLN, acusado de financiar estos planes, y Wilfredo Parada, experto en explosivos durante la guerra civil de El Salvador.
La noticia de las detenciones ha provocado reacciones encontradas. El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos rechazó la captura de Montalvo, exigiendo su liberación inmediata y calificando las acusaciones de falsas. Varias organizaciones, como el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, denunciaron las detenciones como arbitrarias y acusaron al gobierno de instaurar una «nueva dictadura».
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Socorro Jurídico Humanitario criticó que entre los detenidos se encuentra José Santos Melara, quien ha sido un crítico constante de la corrupción y la pérdida de derechos humanos bajo el gobierno de Bukele. Las organizaciones señalaron que estas detenciones forman parte de un patrón de represión contra opositores y miembros de organizaciones sociales.
Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un Régimen de Excepción que ha resultado en la captura de casi 80,000 personas acusadas de colaborar con pandillas. Este régimen fue parte del Plan de Control Territorial implementado por Bukele desde su primer mandato en 2019, que ha militarizado las calles del país en un intento por reducir la criminalidad.
El operativo y las detenciones han añadido una capa de tensión en un país ya polarizado por las políticas de seguridad de Bukele. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan observando de cerca los desarrollos en El Salvador, preocupadas por el balance entre seguridad y derechos civiles. Mientras tanto, la administración Bukele se mantiene firme en su enfoque de mano dura contra cualquier forma de disidencia o amenaza, real o percibida.
La situación en El Salvador sigue siendo compleja, y estos eventos recientes subrayan las profundas divisiones y desafíos que enfrenta el país en su camino hacia la estabilidad y la paz.
