A través de una publicación en sus redes sociales manifestó que su iniciativa fue “tergiversada malintencionadamente”
La congresista de Avanza País, Adriana Tudela, decidió retirar su proyecto de ley que proponía que los certificados de inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE) tuvieran una vigencia indefinida. Esto ocurrió luego del colapso del techo en el centro comercial Real Plaza Trujillo, que provocó fuertes críticas, entre ellas las de Nancy Barrenechea, integrante de la Comisión de Inspectores Técnicos del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).
Barrenechea ya había señalado que tanto los miembros del CIP como los bomberos, encargados de responder a emergencias, se opusieron a la propuesta de la congresista Tudela. También recordó una iniciativa anterior de la legisladora Maricarmen Alva, que proponía inspecciones cada diez años, pero que fue desestimada en favor de inspecciones bianuales.
Sin embargo, Tudela expresó que su propuesta fue malinterpretada y utilizada como una distracción para desviar la atención de los responsables de la tragedia en Trujillo, que hasta el momento ha causado la muerte de seis personas. La congresista cuestionó la reciente aprobación de la inspección en el centro comercial y subrayó la necesidad de mejorar la fiscalización de seguridad.
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Tudela también informó haber solicitado al alcalde Mario Reyna la documentación relacionada con las licencias y certificados del establecimiento siniestrado, así como detalles sobre las inspecciones y acciones realizadas. Además, insistió en la importancia de inspecciones más frecuentes y sorpresivas para garantizar la seguridad en edificaciones.
Finalmente, Tudela subrayó que los responsables del colapso del techo deben recibir sanciones severas. En diciembre de 2023, la municipalidad de Trujillo había ordenado el cierre del centro comercial por fallas estructurales, medida que generó controversia entre políticos y empresarios. Sin embargo, Real Plaza Trujillo reabrió en enero de 2024, asegurando que sus instalaciones estaban en perfecto estado.
Por su parte, el penalista Carlos Caro indicó que el Ministerio Público debería investigar si el colapso se debió a defectos estructurales y si tanto las autoridades como la empresa administradora del centro comercial eran conscientes de estos riesgos. También añadió que adicionalmente de las compensaciones que podrían recibir los familiares de las víctimas, la responsabilidad recaería en la administradora del establecimiento y no necesariamente en la empresa propietaria del mall.
