Por Francisco Diez-Canseco Távara
El referéndum populista impulsado por el presidente Martín Vizcarra tiene, en su génesis, dos fallas esenciales: no responde a temas urgentes de la agenda nacional y, en el caso en que sí lo hace -léase sustitución del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por la Junta Nacional de Justicia- el manejo de la nueva entidad se entrega inicialmente, entre otros, a los representantes de las mismas instituciones perforadas por la corrupción, o sea, el Ministerio Público y el Poder Judicial que obviamente tienen intereses creados en la designación y ratificación de jueces y fiscales.
Es realmente inentendible el pésimo asesoramiento que ha tenido Vizcarra en el lanzamiento de estas iniciativas que son importantes para el país en el largo plazo, salvo la demagógica no reelección de congresistas; pero con excepción de la financiación de partidos políticos, han sido mal planteadas y hasta distorsionadas en el Congreso con la aprobación de la propia bancada oficialista.
Suena a pura demagogia, redactada en el apuro de un presidente carente de apoyo parlamentario y ávido de popularidad y en la coyuntura de un Congreso dirigido de manera antojadiza por una bancada mayoritaria que cayó en el oportunismo, la improvisación y la falta de visión política con las consecuencias que hoy está cosechando.
Vizcarra ha planteado que se vote en contra de su propuesta para resucitar la bicameralidad en el Congreso, pero no ha sabido explicar que esa flagrante contradicción con su predicamento inicial se debe a que la ley que debe refrendarse a través del referéndum, contempla la eliminación de la “cuestión de confianza” en el caso de iniciativas legislativas, con lo cual perdería una herramienta política clave.
Si la mayoría fujimorista votó a favor de las modificadas leyes del referéndum fue precisamente porque, en una interpretación extensiva, aceptó el criterio de que el Jefe del Estado podía aplicar la “cuestión de confianza” en caso de rechazarlas, abriendo las puertas a la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias.
Pura politiquería sin visión de país que permite un SI condicional en el caso de la financiación de los partidos políticos y lleva al NO en las demás consultas.
