Ayer se cumplió 26 años del autogolpe institucional que ocasionó el cierre del Congreso de la República en 1992, entre otras cosas porque aquel parlamento impedía las reformas que pretendía hacer el gobierno fujimorista en aquella época.
Hoy un sector de la izquierda y varios ayayeros de los gobiernos de turno que criticaron esta drástica medida, – que dicho sea de paso gozó del respaldo popular en su época-, piden a gritos el cierre del Parlamento Nacional sólo por estar bajo control naranja.
Es decir, fue malo, antidemocrático y golpista hace 26 años, pero hoy, sin ningún sonrojo, son sus principales promotores, con el argumento de que el Parlamento está desprestigiado y no dejó gobernar a PPK. No sorprende lo fácil que cambian de opinión, según el soplo de los vientos.
Otros oportunistas también se sumaron a este coro golpista, seguramente dolidos por la vacancia presidencial. Nuestra democracia, así de imperfecta, es mejor que posturas dictatoriales. Quiéranlo o no, el pueblo le dio al partido de Keiko Fujimori mayoría en el Congreso, intentar cambiar eso es golpe a la decisión del pueblo plasmado en las urnas.
El gran pensador Jean-Jacques Rousseau lo graficó al señalar que: “El derecho de voto es un derecho que nada ni nadie puede quitar a los ciudadanos”.
En lo que sí estamos a favor es que los partidos políticos deben elevar el nivel de debate y llevar a personas probas en sus listas al Parlamento y, de esta manera, limpiar la mala imagen de este poder el Estado ante denuncias de compra de votos, que ocasionaron la caída de un mandatario y la indignación nacional.
Y hablando del Poder Ejecutivo, nos ha sorprendido algunos nombres en el gabinete del premier César Villanueva, pero más allá de todo eso, hay que darles el beneficio de la duda, porque para salir de la crisis política se necesita el apoyo de todas las fuerzas políticas, lo contrario sería crear las condiciones para la aparición de caudillos y aventureros extremistas que están al acecho.
Ese apoyo no debe significar avalar, de llegar el caso, conversaciones debajo de la mesa, reparto del poder o borrón y cuenta nueva. El Gobierno de Martín Vizcarra tiene un enorme reto, pero también tiene una gran responsabilidad, que es dignificar la banda presidencial. No olvidemos: tenemos un expresidente preso (Ollanta Humala), otro con impedimento de salida del país (Pedro Pablo Kuczynski), otro prófugo (Alejandro Toledo), otro indultado (Alberto Fujimori) y otro investigado por ser líder de una presunta organización criminal (Alan García).
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