Tras demanda clave por daños y perjuicios

El Noveno Juzgado Civil de Lima, bajo la dirección del magistrado Hugo Renato Palacios, se prepara para retomar la próxima semana el proceso judicial que enfrenta a la constructora AENZA (anteriormente Graña y Montero) contra sus exdirectivos más emblemáticos.

La demanda, que busca una indemnización por Responsabilidad Civil Extracontractual, señala directamente a José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflucker como los principales responsables del descalabro de la compañía tras los escándalos de corrupción que sacudieron al país.

El proceso, iniciado formalmente el pasado 11 de diciembre, no solo apunta a una compensación monetaria. El equipo legal de la actual gestión de AENZA sostiene que las acciones de los exdirectivos —quienes ya han reconocido su participación en actos ilícitos mediante acuerdos de colaboración eficaz con la Fiscalía— provocaron daños en cuatro frentes críticos:

Económico y Financiero: Pérdidas directas derivadas de la paralización de proyectos y sanciones.

Operativo: Dificultades para la ejecución de contratos vigentes y licitaciones.

Reputacional: El estigma de la marca, que obligó incluso al cambio de nombre de la histórica constructora para sobrevivir en el mercado.

Fuentes cercanas al proceso han indicado que el magistrado Palacios ha enfrentado un entorno de alta presión debido a la relevancia de los involucrados. Sin embargo, el juez se mantiene firme en su postura de resolver estrictamente «con arreglo a ley», garantizando que el juicio avance sin interferencias externas.

Para los analistas del sector, más allá del monto que el juzgado determine como indemnización, el objetivo de la actual administración de AENZA es obtener una sentencia que actúe como un resarcimiento moral, validando ante sus accionistas y el mercado que la empresa fue «víctima» de las decisiones personales de sus antiguos líderes.