La asignación de agentes en el Megapuerto de Chancay y denuncias de corrupción afectan la lucha contra el narcotráfico en el Perú.
La apertura del Megapuerto de Chancay, considerado un importante avance para el comercio y la economía peruana, también plantea un desafío significativo: reforzar la seguridad para prevenir el uso de este punto estratégico por parte de redes de narcotráfico. Sin embargo, la estrategia adoptada por la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha generado preocupación.
En lugar de designar agentes especializados, la Dirandro priorizó la convocatoria de voluntarios que residan cerca del puerto, considerando que el traslado desde Lima toma alrededor de dos horas y media. Según un informe, esta decisión busca reducir tiempos y costos operativos, pero podría comprometer la efectividad del trabajo, ya que no necesariamente se elige a personal con experiencia en la lucha contra el narcotráfico.
Pérdida de financiamiento británico
A estas deficiencias se suma un golpe aún mayor: el Reino Unido anunció el retiro de su apoyo financiero al Grupo Especial de Tarea Antidrogas en Aeropuertos (GETAA), que incluye a agentes de la Dirandro. Este equipo, creado en 2013 y oficializado en 2019, había recibido fondos para capacitación, equipamiento y beneficios para los agentes.
Una carta dirigida al director de Dirandro, general Luis Flores Solis, señala que el proyecto no cumplió los objetivos planteados, citando acusaciones de corrupción y el procesamiento de un funcionario como factores clave para la suspensión del financiamiento. Esta medida debilita aún más la capacidad del equipo para enfrentar el narcotráfico en puntos críticos como aeropuertos y puertos, incluido Chancay.
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Proyectos viales bajo escrutinio
Por otro lado, un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú) advirtió que cinco proyectos viales en Loreto y Ucayali podrían facilitar actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y el accionar de grupos armados extranjeros. Estas obras, que abarcan zonas cocaleras y áreas vulnerables, representarían nuevas rutas logísticas para las economías ilícitas.
Según Ciro Salazar, consultor de la FCDS Perú, es crucial que estos proyectos incluyan medidas integrales como servicios públicos y capacitación para evitar que beneficien a actividades delictivas.
El panorama plantea desafíos significativos para el Perú, donde las decisiones sobre seguridad y desarrollo deben equilibrarse con estrategias efectivas contra el crimen organizado.
