23 de agosto de 2026

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Renuevan orden de captura nacional e internacional contra Betssy Chávez

El juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso renovar las órdenes de ubicación y captura de la exjefa del Gabinete para que cumpla su condena.

El Poder Judicial renovó las órdenes de captura a nivel nacional e internacional contra la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, para que cumpla la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión que se le impuso por su participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley adoptó esta medida en cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema el 4 de diciembre de 2025, en la que se dispuso la ubicación y captura nacional e internacional de Chávez Chino para que cumpla la pena impuesta tras ser condenada como coautora del delito de conspiración para una rebelión en agravio del Estado.

Mediante una resolución emitida el pasado 14 de agosto, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado ordenó cumplir con la renovación periódica de las órdenes de ubicación y captura contra Betssy Chávez. Además, dispuso comunicar la decisión a la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima de la Policía Nacional y a la Oficina Central Nacional de Interpol Lima para las diligencias correspondientes.

En el documento, el juez supremo también señaló que el pasado 19 de mayo se envió un oficio a la Policía Judicial mediante el cual se dispuso la inmediata ubicación y captura de Chávez a nivel nacional e internacional.

El abogado de la exjefa del Gabinete, Raúl Noblecilla, cuestionó la decisión a través de sus redes sociales y sostuvo que la captura de su patrocinada no será posible debido a que, según afirmó, se encuentra bajo asilo diplomático en México.

Además de la pena de prisión, la sentencia contra Chávez Chino contempla dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 12 millones de soles por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano, de manera solidaria con el expresidente Pedro Castillo, el exministro del Interior Willy Huerta y el exasesor Aníbal Torres, quienes también fueron condenados en este proceso.

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