Economista Juan Mendoza propone hacer un cálculo desagregado, proyecto por proyecto.
REYNA CÁRDENAS A.
El exministro de Justicia, Salvador Heresi, justo antes de dejar cargo dio a conocer el primer estimado de reparación civil que se le exigiría a Odebrecht: 1,500 millones de dólares. Si bien la cifra exacta se dará a conocer en los próximos días, cabe preguntarse si estamos cerca de lo que realmente le corresponde al Estado por el perjuicio causado por actos de corrupción.
Para el economista Juan Mendoza, a primera impresión se trata de un monto bastante bajo, tomando en cuenta el accionar de Odebrecht a lo largo de muchos años y en diferentes proyectos.
Citó por ejemplo el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP), donde Odebrecht, solamente para fines de ese proyecto, tenía una garantía a su favor que superaba los 11 mil millones de dólares, si los cotizamos en su valor actual. Esta garantía, como se recuerda, la subvencionábamos todos los peruanos a través de nuestro recibo de luz.
“Pero claro, para poder realmente analizar, sería fundamental que se publique el detalle del monto de la reparación por cada proyecto. Si no se tiene ese detalle, en realidad no es fácil que uno pueda decir si está bien o mal. A mí me parece muy bajo (US$ 1,500 millones) comparado con el Gasoducto del Sur, pero eso en todo caso se debería calcular”, dijo a La Razón.
Dos factores claves
Mendoza no se animó a dar un estimado global de la reparación civil que debería pagar la empresa brasileña, pero sí mencionó que, para el cálculo de dicho monto, se deberían tomar en cuenta dos elementos que son indicativos del perjuicio al Estado en estos casos de corrupción.
El primero –mencionó– es el sobreprecio del proyecto, que debe establecerse para cada uno de ellos por separado. Por ejemplo, si en un caso particular se calcula que el Estado pagó más de 1,000 millones de dólares por una obra en particular, ese monto debería estar incluido en la reparación civil, porque es dinero que nunca debió haber salido de las arcas públicas.
El otro elemento que debería ser parte de la reparación civil son los ingresos garantizados que pueden tener los concesionarios, en este caso Odebrecht. De acuerdo con el economista, esta también es una forma de perjuicio al ciudadano, ya que se trata de transferencias directas al concesionario que se financian con los impuestos.
“Esos ingresos en el caso del Gasoducto eran de 11 mil millones de dólares, pero también había ingresos garantizados en la Interoceánica Sur; también había ingresos garantizados por ejemplo en los peajes, en Rutas de Lima, que hasta donde tengo entendido Odebrecht sigue operando”, cuestionó Juan Mendoza.
Por eso resaltó la importancia de tener un cálculo desagregado por cada obra en cuestión, ya que los costos y margen de sobreprecio no van a ser los mismos, ya que cada proyecto es distinto. “El GSP no cuesta lo mismo, no tiene igual sobreprecio, no tiene iguales ingresos garantizados que la Interoceánica, o que los peajes, o que la Vía de Evitamiento del Cusco”, mencionó.
¿Y las consorciadas?
Recientemente se supo que cuatro constructoras peruanas, consorciadas de Odebrecht en diferentes proyectos de infraestructura, fueron excluidas de la investigación que lleva a cabo el Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato, pese a que también tendrían responsabilidad compartida en estos casos de corrupción.
Hablamos de Graña y Montero, G y M S.A., Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y JJ Contratistas Generales S.A. (JJ Camet), quienes por decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional quedaron fuera del proceso, aún cuando sus exrepresentantes legales continúan comprendidos en el mismo.
Al respecto, Mendoza Pérez se sumó a las voces que advierten del peligro que implica no procesar judicialmente a las mencionadas empresas, las cuales, según confesión de altos funcionarios de Odebrecht, participaron de la coima de US$ 20 millones al expresidente Alejandro Toledo por los tramos II y III de la Interoceánica.
“Eso tiene un montón de implicancias. La primera implicancia es que probablemente la reparación al Estado peruano va a ser ínfima, porque el daño económico no se va a reparar, o se va a reparar con un monto muy por debajo de lo que debería ser. O sea, la reparación civil va a ser un engañamuchachos”, sostuvo el economista.
Otra implicancia importante, agregó, es la impunidad en la que quedan estas empresas a pesar de que se conoce que participaron directamente del esquema de corrupción diseñado por Odebrecht, ya que incluso se les dejarían las puertas abiertas para seguir contratando con el Estado.
“Lo que eso significa es que en el Perú, si una empresa corrompe, incluso al presidente de la República, no pasa nada”, lamentó el investigador, quien además consideró una “coincidencia interesante” que esta decisión judicial se dé justo en medio de la coyuntura del Mundial de Fútbol, que tiene a la gente distraída de otros temas.
