Diputado Aldo Bravo exige a Contraloría investigar desembolso

El diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, solicitó a la Contraloría General de la República la fiscalización del otorgamiento de recursos presupuestales destinados a la defensa y asesoría legal del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, los cuales ascienden a un total de 624,000 soles.

Según precisó el parlamentario, la ONPE habría aprobado dicho monto en dos tramos durante el presente año: una primera asignación de aproximadamente S/ 100,000 en el mes de abril y una segunda transferencia cercana a los S/ 524,000 en el mes de julio. La defensa legal aprobada está a cargo de los abogados Julio Arbizu y Ronald Gamarra.

En la solicitud presentada ante el órgano de control, Bravo demandó verificar la legalidad del procedimiento de aprobación, así como la razonabilidad y proporcionalidad de la cifra. Asimismo, requirió evaluar la existencia de informes técnicos, presupuestales, estudios de mercado o cotizaciones que sustenten los honorarios aprobados, la correcta aplicación de la normativa de defensa legal para exservidores públicos, y la posible presencia de conflictos de interés.

El legislador fundamentó su pedido argumentando que el monto destinado resulta desproporcionado en comparación con las tarifas habituales del mercado jurídico. “Llama poderosamente la atención la magnitud de los recursos públicos que se habrían comprometido en este caso, pues se trata de un importe que, prima facie, resulta significativamente superior a los honorarios que habitualmente se observan en el mercado”, sostuvo Bravo, enfatizando que la Contraloría debe revisar si el gasto cumplió con los principios de economía, eficiencia y transparencia estatal.