Reservistas del Ejército ‘cuadran’ a Pedro Castillo

Le exigen dejar de ‘pasearlos’ y reglamentar ley que les otorga beneficios

Le exigen dejar de ‘pasearlos’ y reglamentar ley que les otorga beneficios

Miles de reservistas del Ejército peruano marcharon por el Centro de Lima para exigirle al presidente Pedro Castillo que se reglamente la Ley N° 31177, que otorga una serie de beneficios a los excombatientes de la lucha contraterrorista.

“Exigimos al Poder Ejecutivo, a través de sus órganos respectivos, que reglamente las tres leyes. Han pasado más de un año y esa ley no se reglamenta, que bajo algunas circunstancias puede reconocer el gran sacrificio que hizo el soldado peruano hace 30, 33 años, por la pacificación nacional”, expresó el licenciado Iván Arnaldo Jijón Torres.

Cabe precisar que la Ley N° 31291, aprobada en julio del 2021, modifica los alcances de la Ley N° 29031 e incorpora el reconocimiento como defensores de la democracia a los licenciados de las Fuerzas Armadas.

Así, los excombatientes de la lucha contra el terrorismo que cuenten con parte de guerra y sean calificados como defensores de la democracia podrán ser incorporados en la Ley N° 31177, que les permitirá contar con los mismos beneficios de los licenciados de la denominada “Campaña Militar de 1941″.

En un video difundido en redes sociales, se aprecia a los reservistas en el Centro de Lima y se escucha estribillos de rechazo al jefe de Estado. En las imágenes se observa a excomandos del Ejército colmar la Plaza San Matín.

 

PENDIENTE

Sin embargo, hasta la fecha no se ha adecuado el reglamento, de modo que los licenciados no pueden acogerse a los beneficios que esta otorga. Esta labor estaría a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, según indicó el jefe de Estado.

Por ello, según el licenciado, esta marcha es para reafirmar su reclamo a Castillo. El cual se hizo incluso de forma presencial al mandatario el pasado lunes 23 de mayo, pero hasta la fecha no hay ni una sola novedad, por lo que se sienten algo burlados.

“Todos los grupos de licenciados somos un solo puño, una sola fuerza a nivel nacional. El día de hoy estamos reafirmando esta petición para que el Gobierno tome cartas en el asunto y, bajo todas las circunstancias, reglamente estas tres leyes”, expresó.

 

REUNIÓN

Se recuerda que, el lunes, un grupo de reservistas se reunió en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo para exigir lo mismo. En esa ocasión se anunció que esta semana se evaluarían los cambios a la reglamentación de la Ley N° 29031.

Los licenciados del Ejército exigen que se realice las modificaciones a la reglamentación para ellos poder acceder a los beneficios que se ha ofrecido a los combatientes del terrorismo.

“(De no ser) por los hermanos que están acá presentes, si no hubieran sacrificado muchos de ellos su vida y (quedado) lisiados, no tendríamos democracia, el país estaría tomado por el terrorismo hasta la fecha. Eso se ha evitado por las Fuerzas Armadas y, sobre todo, por los licenciados del Ejército de Perú y las Fuerzas Armadas”, manifestó en la protesta.

“Solamente queremos que el Ejecutivo haga su trabajo y reglamente las leyes que ya están dadas”, agregó.

 

BENEFICIOS

Según se estipula en la ley N° 31291 y el artículo 1 de la Ley 29031, se otorga a los defensores de la democracia, sus hijos, cónyuges o concubinos:

– El acceso a becas de estudio: convenios con instituciones educativas públicas o privadas para el otorgamiento de las becas. Estos gastos deberán ser cubiertos por el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, según corresponda.

– Establecer el 22 abril y 12 de septiembre como los Días de los Defensores de la Democracia.

Entre los beneficios de los licenciados de la denominada “Campaña Militar de 1941″ que se les otorgarían están:

– Una bonificación mensual equivalente a tres ingresos mínimos legales.

– Atención gratuita y medicinas en todos los hospitales de las FFAA y Policiales, del Ministerio de Salud y de EsSalud.

– Asignación por sepelio y nicho gratis y a perpetuidad.

– Trato preferencial para la adquisición de vivienda propia y afectación de terrenos con fines agropecuarios.


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