Es un fallo ideologizado y Parlamento debería convocar de urgencia al Consejo Permanente de la OEA, señala abogado de marinos de El Frontón
REYNA CÁRDENAS A.
Una vez más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emite un fallo que pone contra las cuerdas a una institución del Estado peruano. Se trata, en esta ocasión, del Congreso de la República, al que le ha ordenado el archivamiento de una acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
Los comprendidos en dicha investigación fueron Manuel Miranda Canales, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña, quienes fueron denunciados por un grupo de oficiales en retiro de la Marina de Guerra por variar el sentido del voto de un magistrado en una sentencia del 2013 referida al caso El Frontón. En la misma, se establecía que en el develamiento del motín ocurrido en 1986 no hubo delitos de lesa humanidad.
Para Sergio Tapia, abogado de los marinos comprendidos en este caso emblemático, no es de extrañar que la Corte IDH emita este tipo de resoluciones ideologizadas, y lamenta que en esta ocasión lo haga en connivencia “con otros jueces que son prevaricadores”, en referencia a los magistrados del TC.
En ese sentido cuestionó que la Corte IDH haya sacado esta resolución como si se tratara de un pedido de cumplimiento de sentencia para el caso El Frontón, cuando en realidad se trata de dos hechos distintos, con diferentes agraviados.
“El caso El Frontón es sobre terroristas que se levantaron en armas el año 86, y el caso del TC es un caso del año 2017, de 31 años después. El caso El Frontón se refiere a un motín armado donde hubo enfrentamiento y muertos de ambos lados. En el TC nadie se ha muerto, y en el Congreso tampoco, es un debate jurídico el que hay en el Congreso”, señaló Tapia Tapia.
Es decir, los magistrados, que nunca hicieron un juicio al Estado por su investigación ante el Congreso, acaban de obtener lo que el jurista denomina una “sentencia exprés”, gracias a que se han mezclado estos dos casos haciéndolos ver como si fueran uno solo.
Tapia advirtió además una serie de consecuencias negativas a partir de esta decisión de la Corte IDH, pues aseguro que la misma puede ser utilizada luego para negarle al Congreso la posibilidad de realizar investigaciones, siendo esta una de las tres funciones que cumple dicho poder del Estado, además de legislar y nombrar altos funcionarios.
Eso -agregó- significaría una modificación de los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú, que establece dichas atribuciones del Parlamento. “Es decir, el Tribunal Constitucional ha permitido, con su manipulación ante la Corte Interamericana, que se modifique la Constitución y es rarísimo que jueces que se llaman de un Tribunal Constitucional puedan, por sus intereses privados, hacer esto”, cuestionó el abogado.
Acciones urgentes
En efecto, para Tapia, el daño principal se lo está haciendo la Corte IDH al Congreso, el mismo que en los últimos 25 años destituyó a dos presidentes de la República: Alberto Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski.
“En este caso puntual ni siquiera hablamos de destituir, porque puede ser que en la investigación quede todo claro y no les pase nada [a los magistrados], ¿pero no investigar a estos cuatro jueces prevaricadores del TC? Eso es el tema, que cuando se trata de la argolla caviar no los pueden tocar”, criticó el abogado de los uniformados, quien recordó incluso que uno de los principios bajo los cuales se rige la Corte IDH es que nada debe quedar impune y todo se debe investigar.
En su opinión, al parecer el Parlamento no le habría dado la importancia debida a este tema y no realizó una defensa más sólida, probablemente porque jamás pensó que un tribunal internacional pudiera actuar de este modo.
Ante ello, consideró que el Congreso peruano debería responder políticamente y convocar de urgencia al Consejo Permanente de la OEA, “explicar su situación, hacer una alianza con los demás congresos dignos y decentes que queden en América Latina y, en Asamblea General, despedir a todos estos 7 jueces de la Corte Interamericana y poner a otros que corrijan el daño que han hecho a un Estado”.
