Francisco Chirinos Soto
Que el Presidente de la República tenga que autorizar la compra de llantas para los vehículos de Palacio de Gobierno o que el Presidente de la Corte Suprema de la República esté obligado a revisar adquisiciones de pequeña o mínima cuantía para el funcionamiento de los tribunales de justicia, constituiría una inaceptable deformación de los atributos de tan altas autoridades. Traigo este tema tras haber observado enfrentamientos entre órganos supremos del poder Público en relación a sus respectivos fueros y atribuciones.
Acabamos de observar cómo el Congreso Nacional ha dictado una ley para determinar la forma y el color de determinadas etiquetas de artículos de consumo general y popular y ha establecido que será un octógono de color negro con letras blancas ese signo oficial distintivo. Ese ha podido y debido ser un menester propio de alguna dirección ministerial dentro de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo.
Si los poderes del Estado encargados de la producción y ejecución de las leyes van a dedicar sus esfuerzos y su tiempo a temas y asuntos como el que acabo de describir, podríamos llegar a la penosa conclusión en el sentido que no es necesaria la elección de 130 representantes del pueblo para que, conformando la Cámara Única que nuestra Constitución contempla, se dedique a la suprema tarea de legislar y fiscalizar y se encarguen de menesteres propios de un ama de casa. Tampoco habría motivo para que el Presidente de la República se rodee de ministros, para que cada uno de ellos se dedique a tareas menores y no a las asignadas por la ley. Ahí sí que estaríamos frente a un derroche excesivo e innecesario de recursos económicos y humanos para los efectos de llevar adelante la conducción económica, política y administrativa de la Nación. Comentarios similares traería consigo el observar que el Presidente del Poder Judicial, desatendiendo las importantes atribuciones que le fija la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, se dedique a desarrollar tareas de escasa significación.
Información publicada por la Dirección General de Estadística e informática revela que en el Perú tenemos más de 700 mil servidores públicos, principiando por cierto por el Jefe del Estado hasta los rangos inferiores. En esa frondosa burocracia, que consume una alta proporción de los ingresos públicos, está depositada la responsabilidad del manejo público y cada funcionario, cada área, cada sector, tiene sus atribuciones perfectamente definidas y que se deben cumplir a cabalidad para justificar de ese modo las diferentes retribuciones económicas que todos ellos perciben de la Hacienda Pública.
