Nuevo estatuto sacaría a Richard Concepción de emblemático caso
En tanto, titular del Poder Judicial aclara que ningún magistrado es dueño de un caso.
Una decisión que genera dudas. Tras la aprobación del Estatuto de la Sala Penal Nacional por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) el juez Richard Concepción Carhuancho aseguró que esta disposición constituye una pérdida de confianza tanto a él como a todos los magistrados de la Sala Penal Nacional.
«Lo primero es que para mí es una pérdida de confianza, no solamente al magistrado que le habla, sino a todos los magistrados de la Sala Penal Nacional. Al disponer esta resolución administrativa y que todas las plazas salgan de inmediato a concurso es como si se haya perdido la confianza en toda la Sala Penal Nacional», advirtió.
En este sentido, aseguró que no acatará la Resolución Administrativa y seguirá viendo el caso de Alan García y además ha pedido nueva opinión de Fiscalía. No entregará los casos relacionados con Odebrecht sin un previo debate.
Dijo también que ve un trato discriminatorio en la decisión, ello ante el concurso para las plazas. «Lo que quiero advertir es un trato discriminatorio porque tratándose de las plazas de la Sala Penal Nacional están saliendo a concurso, pero no ocurre lo mismo con el Sistema Nacional de Corrupción de Funcionarios», dijo.
Al respecto, el titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez aclaró que ningún juez es dueño de los casos que se investigan. Explicó que “no hay un juez exclusivo dedicado o nombrado para tal o cual caso, no es verdad que estemos quitando los casos, los casos los tiene la Fiscalía”.
Asimismo, destacó que “en ningún momento se le ha quitado la confianza”, en clara referencia a las declaraciones de Concepción Carhuancho.
Rodríguez Tineo explicó que el nuevo estatuto de la Sala Penal Nacional establece que los jueces que hoy la integran «concursen» para que sean ratificados en esta.
Sin embargo, indicó que los integrantes de esta sala no podrán seguir viendo delitos de corrupción «porque ya existe el Sistema Nacional Especializado en delitos de corrupción y no puede haber dos sistemas funcionando en paralelo».
