Exministro sostuvo que en momentos como este, en que se exige mayor transparencia a las instituciones, se debe plantear también cambios a las leyes que regulan a dichas organizaciones.
REYNA CÁRDENAS A.
Recientemente La Razón presentó un informe donde se revelan las fuentes de financiamiento de la ONG Aprodeh. Lo sorprendente es que ellos lo han negado, pese a que la información nos fue proporcionada por propia la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
A mí no me sorprende, porque es la forma en que estos están acostumbrados a actuar. Y no solo eso sino que actúan también presionando, aprovechando los contactos que tienen en la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero tienen la frescura, por no decir otra palabra, de intentar negar lo que es evidente y objetivo, reconocido por la propia APCI, que tiene que responder a las solicitudes de transparencia informativa.
Y bueno, la pregunta sería entonces ¿por qué Aprodeh intenta negar algo que la misma APCI ha confirmado?
Porque, primero, se dan cuenta de que no es correcto que gran parte de las donaciones que vienen del exterior sean aprovechadas y canalizadas o conseguidas por ONGs, como Aprodeh, que no tienen un mayor respaldo popular. Todo lo contrario, el nombre de Aprodeh le suena a millones de peruanos como sinónimo de un grupo que se dedica básicamente a defender los intereses de sentenciados por terrorismo y de sus familiares, y con esa finalidad consiguen los recursos que ingenuamente donan algunas instituciones. Ingenuamente o sabiendo perfectamente la orientación política que tienen Aprodeh y otras ONG. Instituciones como por ejemplo la Comisión Europea, como el National Endowment for Democracy, y por ejemplo –y muy importante– la Open Society de [George] Soros, nada menos.
Aprodeh, en algún momento, pidió a la Comunidad Europea que se retire al MRTA de la “lista negra” de organizaciones terroristas…
E insistió después varias veces en este pedido, y entiendo que lo consiguieron eventualmente.
Volviendo a ese episodio del 2008, cabe recordar en ese momento APCI le solicitó un informe a Aprodeh sobre sus fuentes de financiamiento. Pero nunca supimos en qué quedó esta indagación.
Yo no sé en estos momentos quiénes están en APCI, no recuerdo sus nombres, pero lo que sí sé es que, desde la fundación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional –que si no me equivoco fue durante el gobierno de Alejandro Toledo o de [Valentín] Paniagua–, está llena y algunas veces dirigida por personas que tienen una afinidad con estas ONG, de amistad y de relaciones sociales muy fuertes. Y por supuesto, una vez más reclamo al Gobierno actual que ordene a la APCI que informe a los ciudadanos cuánto dinero reciben cada una de estas ONG parecidas a Aprodeh, por decir, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Justicia Viva, el Instituto de Defensa Legal (IDL), etcétera. Si lo hicieran, probablemente entenderíamos por qué pueden hacer tantas cosas, puesto que les sobra dinero por todos lados, y por supuesto algunos están acostumbrados a vivir de esos dineros que consiguen o que les ofrecen para desarrollar supuestos proyectos, pero que en realidad le sirven para propagar su ideología.
Además, de algún modo nos lo deben, por las exoneraciones tributarias que reciben.
Así es, tienen exoneraciones tributarias porque son supuestamente entidades sin fines de lucro. Entonces claro, están exoneradas del pago de impuestos pero no están exoneradas de los sueldos y de los honorarios que cobran quienes trabajan en esas ONG.
¿Se debería hacer cambios a la ley de APCI, para mejorar en estos aspectos?
Por supuesto. A la luz de la exigencia que hoy día se está haciendo en el Perú en cuanto a la transparencia de todas las instituciones, debería exigirse efectivamente que estas ONG que reciben donaciones del extranjero con el OK o la priorización de APCI estén obligadas a reportar los gastos que realizan en la elaboración o en el desarrollo de esos supuestos proyectos. A ver si los congresistas tienen el coraje de enfrentarse a este asunto, con el mismo o con más coraje con que se enfrentaron a un sector de la prensa por la Ley Mulder.
