Su despacho pone en riesgo inversiones para 500,000 hectáreas de palma

 

En un país donde las comunidades rurales buscan esperanza más allá del narcotráfico, una oportunidad histórica se desvanece entre la indiferencia y la burocracia. Perú podría liderar la revolución de los biocombustibles en Sudamérica gracias a su palma aceitera, una planta que convierte su fruto en energía limpia y desarrollo rural, pero en los despachos del Ministerio de Energía y Minas, esa visión parece no existir, y peor aun la actual Ley N°32276 no ha sido reglamentada, lo que pone en riesgo a miles de productores.

Lo que pasa, es que Ricardo Villavicencio, Director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles, es hoy el nombre que el sector palmicultor asocia con el estancamiento, dado que, desde su oficina, clave para hacer operativa la Ley de Biocombustibles, ha ignorado o minimizado los beneficios de un cultivo que podría seguir generando miles de empleos, sustituir importaciones de diésel y reducir la huella de carbono nacional.

La base normativa para esta discusión es la Ley N.º 28054, que instituye el “marco general para promover el desarrollo del mercado de los biocombustibles (…) con el objeto de diversificar el mercado de combustibles, fomentar el desarrollo agropecuario y agroindustrial, generar empleo, disminuir la contaminación ambiental y ofrecer un mercado alternativo en la lucha contra las drogas”.

Más recientemente, la Ley N.º 32276 modificó el aparato legal para “fortalecer la producción de biocombustibles y promover su consumo”. Sin embargo, pese al mandato, el Ejecutivo aún no ha puesto en marcha mecanismos regulatorios (el reglamento esperado) para activar dicho mercado, lo que ha llevado a que el sector de biocombustibles denuncie inacción institucional.

El cultivo de palma aceitera aparece como una oportunidad estratégica para el país, con beneficios que van más allá del ámbito agropecuario. Según la Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú (JUNPALMA), su vida productiva es de hasta 30 años, lo que lo convierte en un cultivo estable, no migratorio, capaz de asentar población rural. Además, tiene un importante rol en la captura de dióxido de carbono (CO₂) y en la recuperación de suelos degradados, en particular aquellos que anteriormente estaban vinculados a cultivos ilícitos. En la práctica, se han reconvertido decenas de miles de hectáreas de hoja de coca por palma aceitera, generando empleo formal y reemplazando economías de subsistencia y de riesgo. También, en el plano de los biocombustibles, el aceite de palma es apto para la producción de biodiésel, que a su vez puede reducir emisiones de carbono y fortalecer la seguridad energética. 

Esta combinación de ventajas como el empleo rural, el desarrollo agroindustrial, la sustitución de cultivos ilícitos, la diversificación energética y la mitigación ambiental, dibuja un escenario de alto potencial que, según especialistas de Perú Palmas, podría acelerar si se diera un marco regulatorio claro.

Y aquí aparece el rol de Ricardo Villavicencio, desde su posición clave como Director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles del MINEM, cargo desde donde su despacho tendría que liderar la reglamentación, implementación y supervisión del mercado de biocombustibles. Sin embargo, diversos testimonios y reportes señalan lo contrario:

El gremio de palmicultores afirma que el ministerio “cuestiona la participación del aceite de palma para producir biodiésel, indicando que hacer biodiésel de palma tiene problemas de calidad” cuando, según los productores, ya hay experiencia práctica de dicho uso. 

En agosto de 2025, el presidente de la Asociación Peruana de Productores de Palma Aceitera Sostenible denunció que el MINEM “no defiende la industria nacional de los biocombustibles”, atribuyendo la responsabilidad a la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (donde Villavicencio tiene influencia) por “sabotear” el desarrollo del sector.

Las cifras hablan por sí mismas. El sector alude a que más de 8 000 familias directamente vinculadas al cultivo de palma, y unas 60 000 personas indirectamente, podrían estar en riesgo si no avanza la política de biocombustibles. Más aún, se estima que el país podría pasar de alrededor de 100 000 hectáreas cultivadas de palma a 500 000 en sólo un año, si hubiera voluntad política y reglamentaria.

El retraso también tiene implicaciones internacionales: en un contexto global de transición energética, podría el Perú perder la convocatoria de inversión privada, la captura de valor agregado y la generación de divisas a través de la agroindustria de palma y biodiésel.

Como director responsable de procesamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos y biocombustibles, Ricardo Villavicencio tiene ante sí una de las tareas más exigentes de la transición energética peruana: convertir la norma en política de Estado, articular al sector agroindustrial, energético y al Estado, y hacer viable el cultivo de palma aceitera como parte de la estrategia nacional de biocombustibles.

Pero el liderazgo no sólo implica aprobar leyes o declaraciones, sino traducirlas en reglas claras, incentivos, calibrar calidad, compatibilidad técnica, supervisión eficiente y, sobre todo, garantizar certidumbre para el productor nacional.