El Ministerio Público acusa al candidato presidencial de Juntos por el Perú de presuntas irregularidades en reportes financieros presentados entre 2020 y 2021.
La Fiscalía solicitó una condena de 5 años y 4 meses de prisión contra el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones partidarias.
Según el requerimiento fiscal, al que tuvo acceso RPP, también se plantea la inhabilitación de Sánchez como presidente de la agrupación política.
La acusación está relacionada con los informes financieros presentados por Juntos por el Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante los años 2020 y 2021.
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El abogado del candidato, Carlos García Asenjo, señaló que ambos delitos atribuidos se originan en un mismo hecho: la presentación de la información financiera del partido político.
De acuerdo con la defensa, en el caso del 2020 se configuró el delito de falsa declaración, mientras que en el 2021 se incorporó el delito de falseamiento de información sobre aportaciones, figura penal creada ese mismo año.
“El Ministerio Público está confundiendo quién es el verdadero transmisor de la información económica del partido”, sostuvo García Asenjo, quien afirmó que los reportes eran elaborados por el tesorero de la organización política y que Sánchez únicamente los remitía ante la ONPE en su condición de presidente del partido.
La defensa legal también adelantó que buscará que los hechos investigados sean declarados prescritos.
El caso tomó mayor relevancia luego de que el programa Cuarto Poder informara que la Fiscalía atribuye a Sánchez el presunto desvío de aproximadamente 280 mil soles de Juntos por el Perú hacia cuentas personales vinculadas al candidato y a su hermano.
No obstante, la defensa aseguró que otra investigación relacionada con un presunto fraude en la administración de personas jurídicas ya fue archivada previamente.
El próximo 27 de mayo se realizará una audiencia judicial en la que un magistrado evaluará si corresponde abrir juicio oral contra Roberto Sánchez. En esa etapa se determinará si existen responsabilidades penales en torno a las presuntas irregularidades detectadas en la información financiera presentada por el partido político.
