Candidato de izquierda radical ocultó esta información al JNE

 

De la mano Antauro Humala, asesino de policía en el Andahuaylazo, el candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino avanza silenciosamente en las encuestas, sin embargo, un reportaje emitido por América Televisión sacó a la luz un historial que no aparece en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es un carnaval de denuncias en su contra vigentes en la fiscalía.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú acumula ocho denuncias ante la Fiscalía por delitos que incluyen peculado, falsa declaración en proceso administrativo y falsedad ideológica. Sin embargo, ninguno de estos procesos fue consignado en el documento oficial con el que busca llegar a la presidencia.

Las denuncias más documentadas se remontan a su paso como ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo. En ese periodo de 17 meses, registros revisados muestran el uso de fondos de caja chica para gastos de alimentación en reuniones de trabajo.

Las facturas evidencian consumos en pollerías y cevicherías que, en algunos casos, superaron los 400 soles, con cargo al presupuesto del Estado. Estos gastos forman parte de una investigación que apunta al uso de recursos públicos durante su gestión.

Pero no es lo único. La Fiscalía también abrió una investigación a dos trabajadores de su despacho por presuntos recortes de sueldos a colaboradores. Según la denuncia, se descontaba al menos el 10% de sus remuneraciones a cambio de renovar contratos.

Las sombras también alcanzan al manejo de fondos dentro de su propia organización política. Otra investigación fiscal apunta a lo ocurrido durante las elecciones regionales y municipales del 2018.

Según las denuncias recogidas, los militantes que querían postular debían realizar pagos que no ingresaron a cuentas oficiales del partido, sino a una cuenta personal del hermano de Sánchez. Un estimado ubica lo recaudado a nivel nacional por encima del millón de soles.

El exmilitante Leandro Serna señaló que estos montos nunca fueron rendidos con claridad. A esto se sumó la versión de Yehude Simon, fundador de Juntos por el Perú, quien acusó a Sánchez de haberse apropiado del partido y de no transparentar las cuentas.

“Se apoderó del partido. Las cuentas nunca transparentó, se apropió del dinero porque nosotros entregamos el dinero a nivel nacional, todos los candidatos hicieron llegar a esa cuenta, porque de lo contrario no podían participar en el proceso”, afirmó.

En el Congreso, su actividad legislativa también ha sido objeto de cuestionamientos. Más de una decena de iniciativas han sido señaladas por favorecer actividades mineras al margen de la ley.

Entre ellas, figura un proyecto que propone una nueva prórroga del REINFO y el reingreso de 50,000 mineros ilegales al padrón de formalización. Otra iniciativa exime a microproductores mineros de presentar permisos para el uso de explosivos y de instrumentos de gestión ambiental.

La congresista Diana Gonzáles advirtió que Sánchez operaría como una figura de poder dentro de la Comisión de Energía y Minas, incluso sin ocupar formalmente su presidencia. Según su versión, las decisiones y agendas responderían directamente a sus oficios.

El historial judicial se amplía con seis carpetas fiscales en curso, entre ellas una por rebelión tras el intento de golpe de Estado del 2022, además de investigaciones por concusión, colusión, cohecho pasivo impropio y peculado.

También figura una investigación por presunto peculado en el uso indebido de recursos destinados a asistencia social, así como una denuncia por fraude en la administración de personas jurídicas junto a su hermano.

En paralelo, surgen cuestionamientos por presuntos beneficios a su entorno cercano. Su hermano obtuvo órdenes de servicio en municipalidades, su sobrina recibió contratos en el CONADIS y su esposa habría sido beneficiada por una ley que él impulsó desde el Congreso.

La propuesta política de Sánchez para la presidencia incluye una alianza estratégica con el sentenciado por el Andahuaylazo, Antauro Humala.

El candidato de Juntos por el Perú ha designado públicamente a Humala como su vocero en temas de seguridad nacional y defensa, a pesar de su condena por homicidio y secuestro.

Humala, por su parte, ha manifestado que su plan incluye el fusilamiento de corruptos, medida con la que Sánchez ha mostrado total conformidad en sus recientes discursos de campaña.