El caso involucra la transferencia irregular de un inmueble en La Victoria mediante documentos ilícitos y el uso de testaferros
El Poder Judicial sentenció a Rodolfo Orellana Rengifo y su hermana Ludith a siete años y seis meses de prisión por lavado de activos contra el Estado. La sentencia corresponde al denominado caso Parinacochas y también establece el pago de S/ 1 millón por concepto de reparación civil.
La decisión fue emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que determinó la responsabilidad de ambos hermanos por actos de conversión y transferencia de bienes de origen ilícito. Según informó el Ministerio Público, Ludith Orellana fue condenada en calidad de coautora.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal impuso a Rodolfo y Ludith Orellana 730 días-multa, equivalentes a S/ 29.930, y seis meses de inhabilitación. La reparación civil de S/ 1 millón deberá ser pagada de manera solidaria por los hermanos y el coimputado Humberto Paulino Contreras Abanto.
Las investigaciones fiscales establecieron que el caso giró en torno a un inmueble ubicado en el jirón Prolongación Parinacochas n.° 380, en el distrito limeño de La Victoria. De acuerdo con la acusación, el saneamiento de la propiedad se realizó mediante documentación ilícita en la que se consignaron datos de personas fallecidas.
Posteriormente, el inmueble fue transferido entre testaferros vinculados a la organización criminal conocida como el ‘Clan Orellana’. Finalmente, la propiedad quedó bajo el dominio de Humberto Paulino Contreras Abanto, quien, según la Fiscalía, conocía su procedencia ilícita.
Las maniobras detrás del caso Parinacochas
Por estos hechos, Contreras Abanto recibió una condena de seis años de prisión por actos de tenencia relacionados con el delito de lavado de activos. También deberá pagar 120 días-multa, equivalentes a S/ 4.920, y cumplir seis meses de inhabilitación.
En materia patrimonial, el juzgado ordenó disolver y liquidar Administradora de Empresas Insolventes S.A.C., tras determinar que fue utilizada para cometer el delito. La medida será inscrita en los Registros Públicos cuando la sentencia quede firme.
La fiscal provincial Giselle Rodríguez Salcedo, del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa, especializada en lavado de activos, sustentó el caso judicial. El trabajo se realizó bajo la supervisión de la Coordinación Nacional dirigida por el fiscal superior Juan Mendoza Abarca.
