Fiscal politizada inaplica ley que fue declarada constitucional por el TC, señala

 

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, presentó una denuncia disciplinaria ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal superior Rosario Isabel Quico Palomino, a quien atribuyó una presunta vulneración del principio de legalidad por la acusación que formuló contra el general en retiro Juan Rivero Lazo.

El legislador dio a conocer la medida mediante su cuenta oficial en la red social X y difundió los documentos que sustentan su presentación.

Rospigliosi afirmó que solicitó la destitución de la magistrada porque, según sostuvo, la fiscal desconoció la Ley 32107, norma que regula la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y los crímenes de guerra en la legislación peruana.

Además, aseguró que el Tribunal Constitucional (TC) declaró constitucional esa ley, por lo que, a su juicio, los fiscales deben respetarla durante sus actuaciones.

«He denunciado ante la JNJ a la fiscal prevaricadora Rosario Quico, demandando su destitución. Esa fiscal politizada pretende juzgar al general (r) Juan Rivero Lazo por hechos ocurridos en 1992, atribuyéndole un delito de lesa humanidad (sin decir, por supuesto, por qué es lesa humanidad) pisoteando la Ley 32107, declarada constitucional por el TC», escribió el titular del Parlamento.

En el mismo pronunciamiento, Rospigliosi agregó que «los fiscales no pueden ejercer ‘control difuso’, tienen que acatar las leyes vigentes. Es indispensable que la JNJ restablezca la legalidad y destituya a esa fiscal politizada y prevaricadora».

Asimismo, hizo referencia a la situación del militar retirado al señalar que «el general Rivero Lazo (84) sufrió 25 años de injusta carcelería y ahora la mafia caviar/comunista quiere que muera en la cárcel. ¡No lo vamos a permitir! «.

Junto con su publicación, difundió el escrito dirigido a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera Vega, mediante el cual pidió iniciar un procedimiento disciplinario de destitución contra la fiscal de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos contra el Terrorismo.

En el documento, Rospigliosi argumentó que la magistrada incurrió en una «evidente e intencional transgresión del principio de legalidad en materia penal y del deber funcional de cumplir y hacer cumplir la Constitución del Perú y la ley vigente».

El escrito también sostiene que la fiscal inaplicó la Ley 32107, no acató las disposiciones del Tribunal Constitucional y omitió motivar por escrito los fundamentos jurídicos del dictamen acusatorio, circunstancias que, según el congresista, contravinieron las garantías del debido proceso penal.

Como sustento de su pedido, el parlamentario invocó el numeral 3 del artículo 154 de la Constitución, que asigna a la Junta Nacional de Justicia la competencia para aplicar la sanción de destitución a jueces supremos y fiscales cuando corresponda.

Además del escrito, Rospigliosi publicó la constancia emitida por la Mesa de Partes Virtual de la JNJ, donde figura que el trámite quedó registrado con el N.° de operación 2026-0019966, presentada el 22 de julio de 2026.

El comprobante precisa que el ingreso del documento no implica su conformidad automática y que la institución revisará el cumplimiento de las formalidades previstas en la Ley 27444 antes de comunicar su recepción u observación.