Exigen su destitución ante la JNJ
El senador Fernando Rospigliosi presentó una denuncia disciplinaria ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra tres magistrados de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y solicitó que el organismo evalúe su destitución.
El documento está dirigido a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, y comprende a los jueces Miluska Giovana Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Iván Llerena Lezama.
El senador solicita que la Junta Nacional de Justicia disponga el inicio del procedimiento disciplinario y, luego de evaluar las pruebas, determine la imposición de la sanción de destitución.
“Basta de jueces que desacatan la Constitución y pisotean lo dispuesto por el Tribunal Constitucional para perseguir a nuestras fuerzas del orden. He denunciado ante la JNJ a la Sala que inaplicó ilegalmente las leyes de Lesa Humanidad y de Amnistía para condenar a los policías de Castro Castro. Exigimos su destitución inmediata por incurrir en faltas muy graves en el ejercicio de su función”, indicó.
La principal objeción de Rospigliosi se relaciona con una sentencia emitida por los tres magistrados el 10 de julio de 2026, dentro del expediente 00045-2005-0-5001-JR-PE-02.
Según la denuncia, la sala declaró inaplicable la Ley 32107, norma que precisa la aplicación y los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
En ese sentido, sostiene que la decisión alcanzó a Federico Gonzalo Hurtado Esquerre, Jorge Luis Lamela Rodríguez, Eduardo Napoleón Mestanza Bautista y José Raúl Málaga Johnson, a quienes la sala declaró responsables por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, en un contexto de lesa humanidad.
La resolución impuso a los procesados 15 años de pena privativa de la libertad, además del pago de reparación civil a favor de los familiares de las personas fallecidas y lesionadas, de acuerdo con el documento presentado ante la JNJ.
El senador cuestiona que los magistrados hayan dejado de aplicar la Ley 32107 y sostiene que la decisión también contravino lo establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia 190/2025.
Asimismo, señala un presunto incumplimiento de la Ley 32419, relacionada con la amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa investigados o procesados por delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
