Revela que PJ se niega acatar sentencia del TC que libera a miembros de FFAA Y PNP

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, planteó una reforma integral del Poder Judicial para sacar a jueces prevaricadores y que no cumplen con ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional que precisa los alcances de la ley de lesa humanidad para evitar una cacería judicial contra militares y policías que derrotaron al terrorismo.

«Jueces politizados y prevaricadores de la 3ª. Sala Penal, (Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata) se han negado a aplicar la ley 32107 de lesa humanidad, norma vigente y declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, en el caso Cayara (1988). Están procesando ilegalmente después de 38 años, a militares que están encarcelados, a los que derrotaron al terrorismo. Hacen lo que les da la gana, no aplican las leyes vigentes cuando se trata de perseguir a policías y militares. No se trata solo de reformar el sistema judicial, hay que barrerlo. ¡Soluciones radicales!», escribió Rospigliosi minutos después de conocerse la decisión de los jueces.

Cabe indicar que el Tribunal Constitucional de Perú (TC) ratificó en diciembre del 2025 la ley que limita los delitos de lesa humanidad, que fue aprobada por el Congreso el 2024, y por tanto no declaró la norma inconstitucional.

La Ley 32107, que fue promulgada por el Legislativo en agosto de 2024, señala que tiene por objeto «precisar la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana», lo que beneficiaría especialmente a militares y policías.

El Tribunal Constitucional indicó que no se alcanzaron los cinco votos necesarios para declarar inconstitucional una ley y argumentó que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra solo pueden aplicarse a hechos posteriores a la entrada en vigor del Estatuto de Roma en Perú el 1 de julio de 2002.

Por tanto, la entidad señaló que los delitos cometidos antes de esta fecha están sujetos a las penas y plazos de prescripción establecidos en el Código Penal de 1991.