La concesionaria Rutas de Lima S.A.C., socia de la corrupta empresa Odebrecht, informó que su Junta General de Accionistas aprobó, el 29 de setiembre, la disolución y liquidación de la empresa, al considerar que ha sido víctima de actos de «hostigamiento» por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y de diversas entidades estatales.

Mediante un comunicado, Rutas de Lima precisó que esta medida responde a la suspensión del cobro de 26 casetas de peaje de su concesión lo que según mencionan los «ha privado a de recibir más del 60% de sus ingresos, cuestión que ha deteriorado severamente la situación financiera de la compañía». Pese a ello, Rutas de Lima aseguró que ha seguido ejecutando el 100% de las actividades a su cargo, incluyendo la operación y el mantenimiento de las vías.

«Como consecuencia directa y exclusiva de los actos de hostigamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), así como actos y omisiones de diversas entidades del Estado peruano, el 29 de setiembre de 2025, la Junta General de Accionistas de Rutas de Lima S.A.C. (RDL) se ha visto en la obligación legal de adoptar un acuerdo de disolución y liquidación de la empresa conforme a las disposiciones de la Ley General de Sociedades del Perú (LGS)», se lee en el comunicado.

Además, Rutas de Lima advirtió que reservarán el derecho de ir a instancias nacionales o internacionales para que sus derechos sean protegidos ante lo que consideran una «destrucción de la inversión por parte del Estado peruano».

La concesionaria Rutas de Lima que se encuentra a cargo de los peajes ubicados en la Panamericana Norte y Sur, señaló como injusta una sentencia del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín, que suspende el cobro de tarifas en las casetas de Conchán porque afecta el libre tránsito.

Según RDL, son 26 las casetas que no operan por «decisiones abusivas», por lo que argumentan que se les priva de hasta un 50% de ingresos, a pesar de que cumplieron con el mantenimiento a todas las vías.

En enero de 2024, el Poder Judicial emitió una medida cautelar que ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro del peaje en la garita de Chillón, ubicada en la Panamericana Norte, en Puente Piedra.

Esta decisión respondió a la solicitud de la Asociación Casa Huerta El Paraíso, que argumentó la vulneración del derecho al libre tránsito de los residentes locales. Posteriormente, en marzo del mismo año, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte una demanda de hábeas corpus colectivo contra Rutas de Lima.

El TC ordenó la suspensión del cobro del peaje en Puente Piedra hasta que se adopten medidas que cesen la vulneración del derecho al libre tránsito o hasta que la justicia penal determine si el contrato de concesión y sus adendas tuvieron un origen ilícito.

Cabe señalar que el exregidor de la Municipalidad de Lima, José Villena, recordó que el contrato de Rutas de Lima fue firmado «a puertas cerradas» por parte de Susana Villarán y el exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

En primer lugar, Jorge Villena, se pronunció sobre el contrato Rutas de Lima revelando que «había firmas de contrato de por medio» y calificó de «vergonzoso» dicho acto en el que participó la exalcaldesa de Lima y el ejecutivo de Odebrecht.

«El contrato de Rutas de Lima se firma entre gallos y media noche a puertas cerradas en la Municipalidad de Lima con Jorge Barata ahí sentado y Susana Villarán, del solo hay registro fotográfico. Es vergonzoso, la señora se dio cuenta de la barbaridad que ha estado haciendo, que lo tuvo que hacer a puertas cerradas», señaló.