Tal como lo adelanté en mi anterior columna, el Gobierno busca que las empresas implicadas en el escándalo de Odebrecht sigan operando en el país y a la par asegurar el pago de la “reparación civil”.
El miércoles último, el Gobierno presentó un proyecto de ley al Congreso para reemplazar al decreto de urgencia 003, que impedía a Odebrecht vender sus activos. La iniciativa plantea incluir en este régimen a las constructoras investigadas por corrupción.
La ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, dijo que su despacho se focaliza en asegurar el pago de la reparación civil, a través de la viabilización de la venta de activos/proyectos y de la continuidad de los proyectos. Francamente, ahí tengo mis dudas.
La propuesta plantea asegurar la reparación a las empresas condenadas: los socios de Odebrecht todavía no son sentenciadas, claro que también se propone una garantía de pago a las que están en proceso de investigación.
Un tema relevante del proyecto es promover los procesos de colaboración eficaz. Según el documento presentado al Congreso para acogerse al régimen, las empresas deberán entregar información a la fiscalía.
De acogerse al régimen de colaboración eficaz, se podrán excluir total o parcialmente las medidas consideradas en el proyecto, es decir no al pago de reparación civil. ¿Salvavidas?
Por lo pronto, Claudia Cooper adelantó que, si el Congreso no aprueba el proyecto de ley que reemplazará el Decreto de Urgencia 003, a fin de asegurar la continuidad de obras públicas y reparación civil a favor del Estado, el Ejecutivo podría emitir una norma que amplíe su vigencia o publicar otro decreto de urgencia.
Jorge Barata, representante de Odebrecht en Perú, declaró al fiscal Hamilton Castro, el pasado 24 de enero en Brasil, sobre pago de sobornos al expresidente Alejandro Toledo y la donación a la campaña electoral de Ollanta Humala.
En esa declaración, Barata precisa que todas las empresas del consorcio del proyecto Interoceánica, tramos 2 y 3, tenían conocimiento del pago de los sobornos al exmandatario. Más claro: el agua.
Hay que estar vigilantes. No vaya a ser que lejos de “asegurar el pago de reparación” y “dar continuidad a los proyectos” estemos dando salvavidas a quienes se aliaron con Odebrecht para perjudicar al Estado en grandes obras de construcción.
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