La Contraloría ha impuesto una inhabilitación de 4 años y 6 meses debido a acciones que causaron un perjuicio económico de más de S/ 600,000
Un funcionario del Gobierno Regional (Gore) de Junín ha sido inhabilitado por un periodo de cuatro años y seis meses para ejercer cargos públicos por la Contraloría General de la República. Esto se debe a irregularidades cometidas en la obra de mejora de la carretera departamental JU-103, que conecta las provincias de Jauja y Tarma, y que resultaron en un perjuicio económico de más de 673,000 soles.
Luego de realizar las investigaciones pertinentes, la Contraloría emitió la resolución N° 000296-2023-CG/OSAN, en la cual se determinó responsabilidad administrativa funcional por la comisión de conductas infractoras conforme a los numerales 21 y 32 del artículo 46 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
La sanción impuesta al funcionario ha sido declarada consentida y, por lo tanto, es definitiva según lo establece la Contraloría.
Cabe mencionar que las disposiciones mencionadas en los numerales 21 y 32 indican que obtener o buscar beneficios indebidos haciendo uso del cargo, autoridad o influencia, así como incumplir intencional y sin justificación el ejercicio de sus funciones, resultan en graves infracciones que causan perjuicio al Estado.
El mencionado funcionario, quien ocupó el cargo de subgerente de supervisión y liquidación de obras del GORE Junín desde septiembre de 2020 hasta julio de 2022, fue sujeto a un procedimiento administrativo sancionador por las irregularidades señaladas en el Informe de Auditoría N° 22433-2022-CG/GRJU-AC, relacionadas con el contrato para la obra de mejora de la carretera departamental JU-103, cuyo valor ascendía a más de S/ 149 millones.
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El informe de control determinó que el exsubgerente solicitó de manera irregular y sin justificación la contratación de nueve servicios por un monto de S/ 235 mil, los cuales no aportaron beneficio alguno a los intereses de la entidad.
Además, otorgó su conformidad a la prestación de dichos servicios y al contenido de un «expediente de liquidación de corte». De esta manera, ratificó que existía un saldo a favor del contratista de más de S/ 14 millones, a pesar de que en la elaboración de dicho expediente no se consideraron aspectos técnicos relevantes para la cuantificación de las partidas ejecutadas.
El mencionado subgerente solicitó en múltiples ocasiones al Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín que la aprobación del «expediente de liquidación de corte» se efectuara mediante un acto resolutivo. Estas solicitudes fueron concretadas con la emisión de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 369-2021-G.R.-JUNÍN/GRI, datada el 25 de octubre de 2021.
En dicha resolución se determinó un saldo a favor del contratista por un monto de 14 millones 431,613.76 soles, que incluyen partidas valorizadas por el contratista por un total de 3 millones 862,379 soles, a pesar de la inobservancia de las especificaciones del expediente técnico, así como de las disposiciones y parámetros de medición aprobados durante la ejecución de la obra.
Es importante destacar que hay doce funcionarios del gobierno regional que enfrentan responsabilidad penal y administrativa, y continúan con sus procesos en las instancias judiciales correspondientes por haber causado un perjuicio económico superior a los S/ 673 mil a la entidad. Además, otras seis personas tienen responsabilidad penal como terceros partícipes y están vinculadas al ámbito privado en este caso.
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