General EP en retiro, Santiago Abarca León, respalda la pensión del 100% para uniformados
VALERIA PONCE
El general de Brigada del Ejército en retiro, Santiago Abarca León, abogado y candidato a la alcaldía de Lima, defiende la pensión equivalente al 100% del último sueldo para el personal militar y policial retirado, cuestionada por el ministro de Economía, Elmer Cuba.
—El ministro de Economía, Elmer Cuba, ha calificado de «inadmisible» garantizar una pensión equivalente al 100% del último sueldo y asegura que eso «no ocurre en ninguna parte del mundo». ¿Considera injusto ese cuestionamiento hacia el personal militar y policial retirado?
El ministro de Economía analiza este tema fundamentalmente desde una perspectiva económica y fiscal. Sin embargo, la realidad de la carrera militar y policial también debe analizarse desde la experiencia y las condiciones particulares del servicio: el riesgo permanente, los cambios de colocación, las zonas de emergencia, la separación familiar y la disponibilidad las 24 horas del día. Por ello, una decisión sobre nuestras pensiones no puede reducirse únicamente a cifras; debe considerar también la naturaleza especial de la función militar y policial y los años de servicio dedicados a la seguridad y defensa del país.. Después de 30 o 40 años de servicio, el Decreto Ley N.° 19846 reconoció un régimen pensionario que permitió acceder a la denominada cédula viva. Esta pensión no es gratuita: es consecuencia de décadas de servicio y de las condiciones particulares propias de la función militar y policial. A diferencia de un trabajo sujeto a una jornada ordinaria, el personal militar y policial puede permanecer en zonas de emergencia, alejado de su familia y sometido permanentemente a situaciones de riesgo y tensión. Mientras muchas familias pueden permanecer juntas, las familias militares y policiales afrontan largos periodos de separación por razones del servicio. Por eso considero que no es adecuado comparar esta realidad con la de un trabajador común. Además, cuando hablamos del denominado 100%, debe precisarse que el personal en situación de retiro no percibe todos los conceptos económicos que recibe el personal en actividad; percibe la pensión que le corresponde conforme a su régimen pensionario, sin determinados bonos y beneficios propios del servicio activo.
—El MEF sostiene que el pago de las pensiones «no está en discusión» y que lo único cuestionado es la fórmula del 100% aprobada por el Congreso vía la Ley 32561, que tendría un impacto fiscal de S/ 46,000 millones. ¿Qué responde a esa cifra?
Si esa cifra proviene de un estudio técnico, corresponde analizarla con responsabilidad; pero también debemos evaluar alternativas que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema pensionario. El Estado debe estudiar las fuentes de financiamiento disponibles y determinar, dentro del marco legal y presupuestal, cuáles pueden contribuir a atender estas obligaciones. El Decreto Legislativo N.° 1133 estableció un nuevo ordenamiento del régimen de pensiones del personal militar y policial para quienes ingresaron bajo sus alcances, diferenciándolo del régimen regulado por el Decreto Ley N.° 19846. Esta diferencia tiene efectos en las expectativas pensionarias del personal que actualmente se encuentra en actividad. Por eso considero que el Estado debe evaluar el régimen no solamente desde una perspectiva fiscal, sino también considerando las características especiales de la carrera militar y policial: el riesgo de vida, los constantes desplazamientos, la separación familiar y las lesiones que pueden producirse durante el cumplimiento del deber. El 28 de julio hemos visto desfilar a personal que quedó con discapacidad como consecuencia del servicio. La pregunta es qué reconocimiento y protección debe brindarles el Estado después de haber dedicado su vida a la seguridad, defensa y pacificación del país.
El Perú atravesó una etapa muy difícil de violencia terrorista. Frente a esa situación, fue el propio Estado el que dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para restablecer el orden y contribuir a la pacificación del país. Los militares y policías que participaron en esa lucha lo hicieron en cumplimiento de una misión encomendada por el Estado. Considero que, al evaluar posteriormente esos acontecimientos, deben individualizarse las responsabilidades. Quienes cometieron excesos y fueron encontrados responsables deben responder conforme a ley; pero también debe evitarse generalizar responsabilidades respecto de quienes actuaron en cumplimiento de sus funciones. En materia pensionaria, considero que debemos superar posiciones que enfrenten a unos sectores con otros. La controversia planteada contra la Ley N.° 32561 demuestra que existe un debate sobre la sostenibilidad y los alcances del régimen. Desde mi posición, la finalidad debe ser alcanzar un tratamiento pensionario justo para el personal comprendido en el Decreto Legislativo N.° 1133, considerando las diferencias existentes respecto del régimen del Decreto Ley N.° 19846.
—Usted es candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana. ¿Qué propuesta concreta tiene para fortalecer a la Policía Nacional en la capital, más allá del aspecto pensionario?
Mi política de gobierno tiene como uno de sus ejes fundamentales la seguridad ciudadana. Para enfrentar eficazmente la delincuencia necesitamos fortalecer la inteligencia y mejorar la coordinación entre las instituciones competentes del Estado, dentro de sus respectivas atribuciones. Sin embargo, ningún sistema de inteligencia dará resultados suficientes si trabaja de espaldas a la población. Tradicionalmente hablamos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y se suele denominar a la prensa como el cuarto poder. Pero existe un poder originario: el pueblo. El artículo 45 de la Constitución establece expresamente que el poder del Estado emana del pueblo. Por eso sostengo, como concepto político y ciudadano, que el pueblo debe constituirse en un verdadero “quinto poder”: participa en la elección de sus autoridades, ejerce vigilancia y control ciudadano y, al mismo tiempo, es quien sufre directamente las consecuencias de la delincuencia. Por ello debemos incorporarlo activamente a una política integral de seguridad ciudadana.
Debemos empoderar a la población organizada y convertirla en un componente fundamental de la prevención y de la obtención de información útil para la seguridad ciudadana. La experiencia de la lucha contra la subversión demostró la importancia de generar confianza con la ciudadanía. Los vecinos conocen su territorio, identifican movimientos inusuales y pueden proporcionar información relevante que, debidamente verificada y procesada por los organismos competentes, contribuye a orientar las acciones de inteligencia. La captura de Abimael Guzmán constituye un ejemplo de la importancia del trabajo especializado de inteligencia desarrollado por el GEIN de la Policía Nacional. Asimismo, operaciones como Chavín de Huántar demostraron el valor de la inteligencia y de la información para la planificación de operaciones complejas. Hoy debemos recuperar esa capacidad, siempre dentro del marco constitucional y legal. No debemos considerar a la población únicamente como víctima de la delincuencia; debemos reconocerla también como aliada estratégica de la seguridad, generando mecanismos confiables para que pueda proporcionar información y colaborar con sus autoridades. Además, puede utilizar mecanismos de protección como la legitima defensa: artículo 2 letra 23 de la Constitución y artículo 20 inciso 3 del Código Penal y la arresto ciudadana, amparado en el artículo 260 del Código Procesal Penal.
– Ante la ola de extorsiones muchos evitan denunciar por miedo a represalias. ¿Cuál es la propuesta para proteger la identidad de quienes denuncian?
No podemos permitir que un ciudadano que acude a denunciar un delito sea maltratado o termine sintiendo más temor después de formular su denuncia. Uno de los principales problemas frente a la extorsión es precisamente el miedo a que la identidad del denunciante pueda quedar expuesta. Mi propuesta es que la Municipalidad Metropolitana implemente, dentro de sus competencias un canal municipal seguro para recibir información ciudadana sobre hechos delictivos. Esta oficina contará con personal especializado y con experiencia en inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en situación de retiro; se utilizará medios tecnológicos seguros para recibir información, fotografías o videos. La finalidad será preservar la confidencialidad de la información, del ciudadano, su identidad, luego se procesará la información y se derivará inmediatamente los hechos a las autoridades competentes para investigación y sanción conforme a ley. La municipalidad no reemplazaría a la Policía ni al Ministerio Público; actuaría como articuladora y facilitadora entre el ciudadano y las instituciones responsables de perseguir el delito. El alcalde debe asumir el liderazgo de esa articulación y ponerse al frente de sus ciudadanos en la lucha contra la delincuencia.
