La presunta intervención de la información despierta dudas sobre la transparencia del ministro
Juan José Santiváñez, el ministro del Interior, tuvo acceso al texto del reportaje de «Cuarto Poder» antes de su emisión, en el que se revelaba que dos testigos protegidos lo acusaban de solicitar presuntos sobornos para influir de manera ilegal en casos judiciales. En su defensa, Santiváñez afirmó que su directora de comunicaciones le había enviado el informe; sin embargo, esta lo desmintió en vivo, indicando que no había compartido dicho documento.
En el último domingo, durante una entrevista con la periodista Sol Carreño, Santiváñez fue solicitado repetidamente para mostrar la conversación de WhatsApp que contenía el nombre de la persona que le envió el informe. No obstante, el ministro se negó a proporcionar dicha información, argumentando que era un asunto de privacidad de la prensa. «No tengo por qué enseñarte nada», respondió Santiváñez.
¡Qué manera extraña de responder de un ministro! Hay una cosa elemental que se enseña y se acuerda de lo que aprende en la universidad: que cuando hablamos de funcionarios públicos, ya no se habla de derechos sino de deberes, y eso parece que usted a veces lo olvida», respondió la periodista.
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El reportaje de «Cuarto Poder» expuso que dos testigos protegidos habían presentado al Ministerio Público pruebas respaldadas por audios, videos y documentos, implicando a Santiváñez en una supuesta red de sobornos destinada a manipular casos judiciales a favor de sus clientes.
Según los testimonios de los testigos, Santiváñez habría solicitado hasta $60,000 a los familiares de los investigados para asegurar decisiones favorables por medio de jueces y fiscales. Uno de los casos mencionados involucra al capitán Francisco Johnny Arévalo Quispe, quien está siendo procesado por el caso «El Escuadrón de la Muerte».
Además, se indica que Santiváñez actuaba junto a la exjueza superior Enma Benavides Vargas como su intermediaria. Según uno de los testigos, el hijo de Benavides, José Luján Benavides, trabajaba en el despacho del ministro bajo un acuerdo para influir en las decisiones judiciales a cambio de sobornos.
