Con un discurso enfocado en la recuperación del principio de autoridad, el candidato al Senado Nacional por Alianza Para el Progreso (APP) con el número 5, Juan José Santiváñez, reafirmó su postura de otorgar facultades extraordinarias a las fuerzas del orden para combatir la criminalidad desbordada en el país.

Durante su recorrido nacional, el exministro del Interior fue enfático al señalar que la seguridad ciudadana no se resuelve con retórica, sino con decisiones políticas y legales que protejan al efectivo policial en el uso de su arma de reglamento.

«Al delincuente lo queremos en el piso»

Santiváñez lanzó una de sus declaraciones más fuertes al referirse al enfrentamiento directo contra las bandas criminales. Para el candidato de la lista de APP, la justicia debe dejar de ser «indiferente» con el policía que cumple su deber.

“La seguridad no se logra con discursos, se logra con decisiones. Al buen policía se le respalda, se le da autoridad y se le protege. Y si tiene que abatir al delincuente, que lo abata. No queremos al delincuente tras las rejas, lo queremos en el piso», sentenció Santiváñez, marcando una línea clara de lo que sería su agenda legislativa en el Senado.

Blindaje legal

Uno de los pilares de su propuesta es la creación de legislación adecuada que impida que un policía sea procesado o amenazado por el Ministerio Público o el Poder Judicial tras abatir a un criminal. Santiváñez sostiene que el empoderamiento legal y político es la única vía para vencer la inseguridad.

«No va a haber otra forma de vencer a la criminalidad si el personal policial es amenazado por una Fiscalía indiferente cuando desenfunda su arma», añadió.

Logística para el combate

El candidato recordó que durante su gestión en el Ministerio del Interior se priorizó la compra de armamento, chalecos y vehículos multipropósito, herramientas que, según indicó, deben ser utilizadas ahora con toda la fuerza del Estado.

Con este mensaje, Juan José Santiváñez busca consolidar el voto de la familia policial y de los ciudadanos que exigen medidas extremas frente al avance de las organizaciones criminales en el Perú.