PJ ordena a Rutas de Lima detener de inmediato cobro a usuarios
El Poder Judicial puso fin a la controversia y ordenó a la empresa Rutas de Lima, socia de la corrupta empresa Odebrecht, que de forma inmediata se desista de cobrar el peaje en las garitas de Villa el Salvador y Punta Negra, pese a que hay una apelación pendiente por resolver.
La decisión fue emitida por el Juzgado Constitucional de Lima Sur, a través de la resolución judicial N.º 19. Esto, tras acogerse una demanda de hábeas corpus presentada por la Municipalidad de Santa María del Mar, que cuestionó la continuidad del cobro de peaje en el marco del contrato de concesión y sus efectos sobre el derecho al libre tránsito.
En la resolución, se señala que la apelación presentada por Rutas de Lima no suspende la ejecución de la resolución emitida el 13 de octubre, en la que ya se había declarado fundada en parte la demanda.
Por tanto, el juzgado ordenó que se ejecute de inmediato la suspensión del cobro de peajes en dichas garitas, sin perjuicio de que la impugnación continúe su trámite legal.
También se ordenó a la Secretaría del juzgado a conformar un incidente procesal para la ejecución de la sentencia, el cual ha sido derivado al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín, órgano competente por ser el juzgado de origen.
Rutas de Lima (RDL) informó a través de un comunicado que ha sido notificada con una nueva decisión emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, mediante la cual se ordena la inmediata suspensión del cobro de peajes en las unidades de Villa y Punta Negra.
“En atención a esta nueva decisión judicial, la cual añade aún mayor arbitrariedad al trato recibido por RDL por parte del Estado peruano, RDL ha procedido a suspender el cobro de peaje en las unidades de Villa y Punta Negra”, precisó.
“No obstante lo anterior, cumplimos con precisar que las unidades de peajes de Huaylas, San Pedro, Arica, y Quebrada Seca, continúan operando con normalidad, al no existir mandato judicial alguno que disponga su suspensión. Ante posibles movilizaciones o conmoción social en estas unidades de peaje, RDL solicita la intervención de la fuerza pública para garantizar la integridad y seguridad de sus trabajadores y del personal asignado a las mismas”, indicaron en su comunicado.
Asimismo, subrayan que la empresa y sus accionistas se reservan todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano. La concesionaria Rutas de Lima aseguró que se allanará a la decisión del Poder Judicial. Sin embargo, consideró que dicha acción «añade aún mayor arbitrariedad al trato recibido por parte del Estado peruano».




