Hoy sesionará el Pleno del Congreso a partir de las 3 de la tarde. En su agenda figura el dictamen que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional. Esta previsto que esta semana sea debatida esta norma que evita intromisión del Poder Judicial. Basta con la mayoría simple de votos para que sea aprobada.
La ley que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional es una propuesta que nació de la Comisión de Constitución del Congreso, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi. Tiene dos reformas que han encendido las alarmas de la izquierda caviar que controla el aparato de justicia: la ley que reduce los votos para resolver conflictos competenciales en el Tribunal Constitucional (TC) y la norma que impide revertir las decisiones tomadas por los congresistas en procesos de acusación constitucional.
La Junta de Portavoces del Congreso sesionó de manera virtual para ampliar la agenda de temas a tratar en el Pleno. Ocho voceros firmaron a favor de incluir en la discusión el dictamen que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional.
Se trata de una propuesta que se suma a las propuestas del Congreso para mejorar el sistema judicial.
Como se sabe, en marzo de este año el Pleno aprobó una acusación constitucional contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez. La sanción impuesta como parte de ese juicio político fue la inhabilitación de la función pública. Eso provocó que Tello y Vásquez dejen sus cargos de inmediato. Después ellos presentaron una demanda de amparo contra ese veredicto ante el Poder Judicial (PJ).
Una medida cautelar permitió que los juristas Tello y Vásquez retornen temporalmente a la JNJ. El Congreso consideró que el Poder Judicial vulneró sus funciones y presentó una demanda competencial en el Tribunal Constitucional (TC). Esta institución dispuso mantener la destitución hasta que se resuelva el conflicto.
Sin embargo, luego el Poder Judicial resolvió el tema de fondo en la demanda de amparo y ordenó que Tello y Vásquez se reincorporen a la JNJ. En el Congreso aguardan que el TC revierta ese fallo y valide la acusación constitucional para remover a los dos magistrados.
Las demandas competenciales se resuelven con cinco votos en el pleno del TC. La ley que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional reduce esos votos necesarios a cuatro.
Así la valla se reduce. El Congreso pretende usar esa norma para inclinar la balanza a su favor en la resolución del conflicto por el caso JNJ y así lograr separar a Tello y Vásquez.
Este viernes habrá una audiencia en el TC y el magistrado Vásquez será escuchado. Para ese día, el Congreso ya podría haber aprobado esta ley.
La otra modificación de este dictamen del fujimorismo es que estipula que las acciones del Congreso como parte de su control político – entre ellas los procesos de acusación constitucional – y otras decisiones, como la elección de altos funcionarios, no están sujetas a control judicial.
Los jueces que reciban demandas de amparo contra las acciones del Congreso no podrán ser tramitadas.
Esta norma evitará el blindaje de acusados en el Poder Judicial, debido a que los altos y exaltos funcionarios sometidos a denuncias desde el Congreso no podrán revertir las imputaciones en el fuero judicial, en caso consideren que vulneraron el debido proceso y sus derechos.
En el Parlamento hay una lista de altos y exaltos funcionarios en la mira de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) con denuncias pendientes de resolverse: el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas; el expresidente Francisco Sagasti y los exministros José Elice y Mirtha Vásquez.
Los tres últimos afrontan procesos de juicio político por presuntas infracciones constitucionales. En ese escenario la máxima sanción contemplada es la inhabilitación de la función pública que podría dejarlos fuera de carrera en caso participen en las elecciones generales del 2026.
En junio del año pasado la fiscal suprema Zoraida Ávalos fue inhabilitada tras una acusación constitucional por no haber investigado al expresidente Pedro Castillo. Ávalos buscó blindaje en el sistema judicial y logró.que la decisión del Congreso fue anulada y retornó a su cargo.
Los magistrados Tello y Vásquez pudieron defenderse también mediante una demanda de amparo.
Con una ley de estas características, los funcionarios acusados por el Congreso no podrán ser blindados por el Poder Judicial.
