Expresidente no podrá postular el 2026
El Poder Judicial rechazó en segunda instancia la solicitud del expresidente Martín Vizcarra para que se archive la acusación de cohecho pasivo propio en su contra, presentada por la Fiscalía en relación con los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Como se sabe, estos presuntos casos de corrupción se habrían cometido cuando cumplía su función de gobernador regional de Moquegua.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró improcedente el recurso de apelación que Vizcarra había interpuesto contra la decisión de la jueza Margarita Salcedo, quien el pasado 5 de marzo había considerado infundado un recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por la defensa del exmandatario, con el objetivo de archivar la acusación.
El juicio oral contra Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua comenzará el lunes 28 de octubre. Vizcarra enfrenta una acusación de cohecho pasivo propio y se le ha solicitado una condena de 15 años de prisión. Según las autoridades judiciales, la audiencia continuará de forma virtual el 4 de noviembre, de 9 a.m. a 5 p.m.
El proceso penal, iniciado en marzo de 2021, se centra en las presuntas coimas que Vizcarra habría recibido del consorcio Obrainsa-Astaldi durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La fiscalía sostiene que Vizcarra recibió un millón de soles en sobornos para adjudicar el proyecto de irrigación Lomas de Ilo al consorcio. Aunque el valor inicial del proyecto en 2013 fue de 80 millones de soles, casi diez años después, el proyecto está abandonado y se han gastado 320 millones de soles.
Las investigaciones incluyen declaraciones de posibles colaboradores eficaces que afirman que Vizcarra recibió sobornos de empresas vinculadas al Club de la Construcción. Estas empresas habrían ofrecido sobornos a cambio de la adjudicación de contratos, incluyendo la construcción del hospital de Moquegua y el proyecto Lomas de Ilo.
Un testimonio incluido en la investigación del Club de la Construcción, que detalla que la empresa Obrainsa y su socia italiana Astaldi habrían realizado un pago ilegal de un millón de soles a Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua. El aspirante a colaborador eficaz declaró al fiscal Germán Juárez del equipo Lava Jato que el pago se realizó en dos partes mediante cheques a nombre del conserje de Obrainsa, después de reuniones con Vizcarra en las oficinas de la empresa en San Isidro. La licitación para el proyecto Lomas de Ilo fue convocada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
También se investigó la relación entre Vizcarra y los hermanos Tejeda Moscoso, propietarios de Obrainsa, que data de hace dos décadas. En 2003, formaron el consorcio Colca para un proyecto convocado por la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (EGASA). Posteriormente, en 2013, Vizcarra, ya como gobernador de Moquegua, se volvió a encontrar con los Tejeda en la licitación para el proyecto Lomas de Ilo, que finalmente ganó el consorcio Obrainsa-Astaldi.
El testigo afirmó que en noviembre de 2013, Elard Tejeda, gerente general de Obrainsa, contactó a Vizcarra, quien expresó su interés en discutir la oferta del consorcio presentada a la UNOPS. Durante esta reunión, Vizcarra habría solicitado una nueva propuesta económica inferior a los 81 millones de soles para asegurar la adjudicación del contrato, y también habría requerido un pago del 2% del valor total del proyecto.
Ratifican inhabilitación
De otro lado, la Primera Sala en lo Constitucional de Lima ratificó la inhabilitación por 10 años para ejercer funciones públicas, la cual había sido impuesta por el Congreso contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra. Ello, luego de conocerse que el exmandatario se vacunó de manera irregular contra la COVID-19 con dosis experimentales de Sinopharm.
La Sala Constitucional rechazó la apelación de Martín Vizcarra contra el fallo de primera instancia que declaró improcedente el amparo que interpuso en abril de 2021. Con su recurso, el exmandatario pedía anular o declarar inaplicable la sanción dictada por el Parlamento luego de que fuera electo como congresista por Lima con más de 165.000 votos.
