El Poder Judicial informó que el martes 23 de setiembre se iniciará el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, acusada de asociación ilícita, colusión, cohecho y lavado de activos por haber recibido más de 11 millones de dólares en coimas de empresas brasileñas Odebrecht y OAS.
La audiencia se desarrollará de manera presencial en la sede del edificio Carlos Zavala desde las 9:00 a. m. y estará a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.
La Fiscalía imputa a Susana Villarán de presuntamente haber recibido más de 11 millones de dólares de las constructoras Odebrecht y OAS para financiar sus campañas políticas de 2013 y 2014, a cambio de concesiones en proyectos como Línea Amarilla, Rutas de Lima y la Vía Expresa Sur. Por estos hechos, el Ministerio Público ha solicitado 29 años de prisión.
El tribunal encargado está conformado por los jueces Nayko Techy Coronado Salazar, Max Oliver Vengoa Valdiglesias y Wilmer Roy Quispe Umasi. Además de Susana Villarán, serán juzgados otros 20 acusados, entre ellos exfuncionarios de su gestión como Domingo Arzubialde, señalados por delitos similares.
El proceso también involucra a entidades jurídicas y terceros civilmente responsables. La Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht participa como actor civil, en representación del Estado, para exigir reparaciones económicas por los presuntos perjuicios ocasionados.
Peajes de la corrupción
De otro lado, una jueza en Washington analiza la validez de los contratos de peajes vinculados a Odebrecht y OAS. También pidió el expediente penal de la exalcaldesa Susana Villarán, en medio de cuestionamientos por conflictos de interés en Lima.
La Corte de Washington llevó a cabo una audiencia sobre el caso de los peajes en Lima, en la que se presentaron los alegatos de la defensa del Estado. Durante la sesión, la magistrada solicitó el expediente judicial de Villarán, investigada por haber autorizado contratos y adendas en favor de Odebrecht y OAS. Una eventual decisión de anular estos acuerdos pondría en riesgo la continuidad de la concesión de Rutas de Lima.
El caso no solo está relacionado con el proceso de Discovery, destinado a establecer si la canadiense Brookfield adquirió de buena o mala fe la participación en Rutas de Lima, sino también con un supuesto conflicto de intereses en la gestión del exalcalde Jorge Muñoz.
