Fiscalía pide anular inscripción de su partido
La Fiscalía de la Nación presentó una solicitud ante la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para que se declare la ilegalidad del partido de Antauro Humala, además de su cancelación y el cierre de sus locales.
«(…) Hoy se presentó, ante la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, la demanda en la que se solicita se declare la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros A. N. T. A. U.R.O., conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley n.º 28094, Ley de Organizaciones Políticas», se lee en el comunicado del Ministerio Público.
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Consideran que las actividades de la mencionada agrupación, liderado por el asesino de policías, «son contrarias a los principios democráticos y vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales promoviendo atentados contra la vida e integridad de las personas (expresidentes) y la exclusión o persecución de personas por cualquier razón (comunidad LGTBIQ+ e inmigrantes)».
En tal sentido, el MP argumenta que se requiere la cancelación de la inscripción de la referida organización política. Además, solicitan el cierre de los locales partidarios de la referida organización política.
También piden que se ordene la imposibilidad de reinscripción de la citada organización política en el Registro de Organizaciones Políticas y en cualquier otro registro; a mérito de ello, «se inhabilite a los ciudadanos que integran la cadena de mando que resulten responsables por la conducta antidemocrática cometida por la organización demandada».
Cabe señalar que la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima rechazó el recurso de hábeas corpus que presentó el ultraradical Antauro Humala, con la finalidad de activar mecanismos que le permitan anular la condena que se le impuso por el caso ‘Andahuaylazo’ en el año 2005.
En 2023, Humala Tasso presentó un hábeas corpus para que la Corte Suprema de Justicia revise su proceso con el fin de que se anule su pena de 19 años de cárcel, señalando que es «inocente». Ello, sin embargo, fue desestimado por un juzgado constitucional en primera instancia.
