Jueces y fiscales manipularon testimonios, contaminaron pruebas y realizaron escuchas ilegales
El caso Lava Jato, una de las mayores operaciones contra la corrupción de la historia reciente se está desmoronando, ello debido a la mala acción y conducta de fiscales y jueces en Brasil, quienes lejos de llegar a la verdad, contaminaron pruebas y manipularon testimonios de los llamados colaboradores eficaces.
Según informa el medio The New York Times, el Supremo Tribunal Federal de Brasil está desestimando evidencias clave, anulando condenas importantes y suspendiendo miles de millones de dólares en multas de una serie histórica de casos de soborno, con el argumento de que investigadores, fiscales y jueces parciales infringieron las leyes en su voraz búsqueda de justicia.
“En varias sentencias dictadas a lo largo del año pasado —la mayoría derivadas de recursos interpuestos por personas que afirman haber sido tratadas injustamente— el tribunal ha anulado casos en los que altos cargos políticos y ejecutivos de empresas se habían declarado culpables”, revela el medio estadounidense en su edición web en español.
Señala además que las decisiones están teniendo repercusiones por toda América Latina, entre ellos el Perú, y han llevado a la anulación de al menos 115 condenas en Brasil, según los grupos anticorrupción. Las revocaciones también están sembrando dudas sobre muchos otros casos en Panamá, Ecuador, Perú y Argentina, incluidas las condenas de varios expresidentes.
En el Perú la investigación ha estado a cargo de equipos de fiscales liderados por Rafael Vela y José Domingo Pérez, este último separado del caso Los Cócteles por graves irregularidades.
“Todo ello supone un amplio desmantelamiento de la Operación Lava Jato, una amplia investigación que, iniciada hace una década, reveló una vasta trama de corrupción que abarcaba al menos 12 países. Los investigadores descubrieron que las empresas habían pagado miles de millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos a cambio de proyectos públicos”, revela el medio periodístico.
La investigación en Brasil dio hallazgos, los cuales trastocaron el panorama político de América Latina, cerrando empresas multinacionales y dando lugar a multas de miles de millones de dólares y cientos de condenas. Algunos de los políticos y ejecutivos más destacados de la región fueron enviados a prisión, incluido el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. En Perú se intentó procesar al expresidente Alan García, quien al ser cercado por la fiscalía peruana se suicidó, cuya actuación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez ha permitido una investigación en el Ministerio Público del Perú por filtración de información reservada, según el colaborador eficaz Jaime Villanueva.
Además reveló que algunas grabaciones filtradas y otras pruebas demostraron que un juez y algunos fiscales se coordinaron contra los acusados, emplearon tácticas agresivas para forzar confesiones y ordenaron escuchas ilegales.
La mayoría de las decisiones para revertir la Operación Lava Jato han sido emitidas por un único magistrado del Supremo Tribunal de Brasil, José Antonio Dias Toffoli. En una entrevista, Toffoli dijo que sus decisiones se basaban en sentencias anteriores de sus colegas del Supremo Tribunal, según las cuales los investigadores, fiscales y jueces de la Operación Lava Jato se habían confabulado ilegalmente, invalidando las pruebas recogidas.
“Las evidencias ilegales no se pueden utilizar para condenar”, dijo.
El mismo juez brasileño ya comunicó a la justicia peruana: “Toda la información que el Equipo Lava Jato recibió de Brasil quedó nula”, lo cual deja sin sus argumentos principales, las imputaciones a Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Así lo decidió el juez José Dias Toffoli.
“Ordenó informar al gobierno peruano que las pruebas enviadas como parte de la cooperación internacional fueron consideradas inútiles en Brasil y, por lo tanto, ya no serán compartidas con el país vecino”, informó el juez Dias Toffoli.