Por: Pablo Carranza
En declaraciones a La Razón, la exprocuradora Yeni Vilcatoma hizo un repaso la coyuntura judicial del Perú donde criticó al poder fáctico que domina el Ministerio Público y también señaló que el Poder Ejecutivo debe hacer respetar la soberanía del Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no tiene independencia, autonomía, credibilidad ni confianza.
– ¿Cómo ha evolucionado el ámbito judicial?
Lamentablemente, el año 2023 en el sistema judicial, no ha tenido un buen resultado en los términos del respeto a la autonomía e independencia de las instituciones que lo integran, entre ellos el Ministerio Público y el Poder Judicial. Si bien, vimos que la señora Patricia Benavides asumió la Fiscalía de la Nación con una conducta más proactiva. Por ejemplo, cuando se tomaba conocimiento de hechos ilícitos por personas que tenían la jerarquía, la Fiscal de la Nación inmediatamente aperturaba las investigaciones y lo más importante es que en la etapa del golpe de Estado que hizo el señor Pedro Castillo, veíamos cómo frente a una autoridad que había sido bastante cuestionable en su momento, como Zoraida Ávalos, en este caso la señora Patricia Benavides tenía una conducta proactiva y gracias a su intervención y a su valentía pudo dar lugar a darle legalidad a esa detención que se hizo a Pedro Castillo en su momento y así se había visto un cambio en el Ministerio Público, diferente a las gestiones anteriores que no querían investigar a los presidentes de la República, no se quería tomar acciones inmediatas. Por lo que se entendía era un sector de personas a las cuales sí perseguían y otras que no les aperturaban ningún tipo de investigación. Pero esto tuvo su fin cuando se dio a conocer la existencia de una investigación a cargo del equipo especial contra la señora Benavides, lo cual creo que además de no haberse respetado el debido proceso y el derecho a la defensa de la señora Patricia Benavides, se ha cometido una grave inobservancia a la legalidad y con ello se ha afectado gravemente la independencia que la Constitución le reconoce a la figura del Fiscal de la Nación. Como una institución constitucionalmente autónoma hay procedimientos que se deben seguir cuando existe la posibilidad o causal suficiente como para que sea removido de su cargo. Tenía que haberse seguido todos los procedimientos y no se siguieron. Yo creo que esa inobservancia de la legalidad le causa un perjuicio a la entidad como tal, que es una entidad que representa a todos los peruanos en la persecución del delito a nivel de un juicio.
– ¿Ya está consumado el golpe a Patricia Benavides o todavía se pude salvar?
A partir de ahora que el caso ha sido asumido por el doctor Cristian Salas, que será la defensa de la señora Benavides, creo que sí puede existir un revés en el sentido de que si ellos adoptan todas las acciones, no solamente a nivel del equipo especial, a quien le están exigiendo que les notifiquen la investigación con los actuados para que la fiscal de la Nación se defienda, sino que denuncien a todos los fiscales que han sido responsables de la filtración de la información de todas esas diligencias que tenían carácter secreto y que denuncien a los fiscales provinciales, a los efectivos policiales y a la doctora Marita Barreto por el abocamiento indebido de haber, en la práctica, investigado a un fiscal de la Nación que tiene una jerarquía de fiscal supremo, cuando un fiscal provincial no puede llevar a cabo ese tipo de investigaciones. Si se empiezan a hacer esas denuncias y quejas de manera independiente por cada uno de los hechos arbitrarios que se han cometido en esta etapa, yo creo que sí se podría revertir esta situación y la señora Patricia Benavides podría retomar su cargo, porque ahí quedaría evidenciado que la Junta Nacional de Justicia ha actuado de manera ilegal, incluso sin contar con los actuados de esa investigación penal que según ese ente dio lugar a calificar como una infracción muy grave para lo cual ni siquiera se había pedido los actuados del equipo especial. Sin embargo, la suspendió (a Patricia Benavides) de manera muy acelerada y sin respetar el debido proceso.
– ¿Se puede afirmar que hay un poder fáctico externo que domina el Ministerio Público?
Hace varios años existía en la sociedad peruana la sospecha de que había un poder fáctico que estaba dominando el Ministerio Público, precisamente porque veíamos que, por ejemplo, a determinados presidentes de la República no se les investigaba, pero a otras autoridades políticas, de inmediato, se procedía contra ellas o determinadas circunstancias que evidenciaban cómo información de carácter reservado, que no puede salir de una investigación, que un investigado cualquiera no lo puede difundir o que un abogado, siendo incluso parte de una de una investigación, tampoco lo puede difundir porque tiene carácter reservado, sí está siendo difundido por ciertos medios de comunicación. Pero que de manera sistemática sí han tenido acceso a información que otras personas no lo han tenido y, lo más grave, lo han difundido. Yo creo que esa constante filtración de información en el tiempo del Ministerio Público estaba llamando mucho la atención de que había algún tipo de injerencia externa, pero creo que en la actualidad esa injerencia, esa dominación que existía hacia el Ministerio Público, ha quedado evidenciado con este escandaloso caso donde Pablo Sánchez recibe una comunicación del señor Gustavo Gorriti, quien llamó para reclamar la ejecución de una diligencia para luego él llamar a un fiscal que, a su vez, estaba ejecutando esa diligencia y amenazarlo para evitar que siga realizándola. Se ve que en el tiempo después de la ocurrencia de este hecho, que ha sido todavía en el año 2018, aquella amenaza que se dio como represalia de haber llevado a cabo una diligencia en IDL, se ha materializado porque se ha tomado conocimiento también a través del doctor Cristian Salas, que la fiscal Norah Córdova, que es la fiscal provincial a la que le respondía el fiscal Rurush, adjunto que estaba llevando a cabo esa diligencia, ha reconocido que Pablo Sánchez le llamó para reclamarle por la realización de la misma. Ha quedado establecido que la señora Norah Córdova está siendo investigada como integrante de los Cuellos Blancos del Puerto. Es decir, no es que la está investigando la Autoridad Nacional de Control, no es que la están investigando por la comisión de un delito, sino en esa misma Fiscalía donde se está investigando, ahí se le habría iniciado una investigación que es el marco donde estos fiscales habrían dado su declaración. Además, el comunicado emitido por el fiscal Pablo Sánchez, donde ha reconocido la comunicación con el fiscal Rurush, es un elemento de convicción objetivo de fecha cierta que demuestra que existe la vinculación entre Pablo Sánchez y Gustavo Gorriti. Y si nos vamos a analizar cuál es la actuación de Gustavo Gorriti en todos estos años, veremos que ha tenido acceso a información a través de IDL, que lo ha publicado muchas veces sobre casos que tenían carácter reservado.
– ¿Cómo es que Gustavo Gorriti llegó a acumular tanto poder?
Bueno, debe ser una investigación la que dé la explicación en dónde nace ese poder o cómo es que se dan las circunstancias para poder someter a una institución a tal nivel que los fiscales ya no puedan realizar sus diligencias de manera independiente y autónoma, como sí lo reconoce la Constitución. Lo que se tiene que hacer es realizar esa investigación, pero creo que un punto de partida debe ser saber cómo IDL obtuvo los audios del caso Cuellos Blancos del Puerto ¿quién se los dio? ¿quién se los proporcionó? ¿si fue un fiscal o un efectivo policial? Porque recordemos que esos audios fueron objeto de interceptación telefónica, quiere decir que el equipo Constelación u otra unidad que cuenta con equipos para interceptación telefónica los ha tenido bajo toda una cadena de seguridad, que debe haber la explicación de quién, quién ha sido el que ha sacado esos audios y se los entregó a IDL, que fue el medio que empezó a difundirlos.
– ¿Que nos puede decir sobre el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la liberación del expresidente Fujimori?
Bueno, todos hemos sido testigos que el Tribunal Constitucional ha procedido conforme a la normatividad vigente. Se ha hecho, creo, todos los controles y todas las evaluaciones tanto es así que el Poder Ejecutivo ha materializado el excarcelamiento de Alberto Fujimori a través del INPE. Considero que al ser objeto de un indulto que ha pasado por esos controles lo que tenemos son respuestas de tipo político, más que jurídico y el Estado peruano debería responder de manera categórica a los organismos internacionales que hoy pretenden invadir con estas acciones la autonomía de las instituciones.
– ¿Se puede creer en la imparcialidad de la Comisión y de la CorteIDH?
No, en este momento no, porque lo que se ve es que está integrado por personas que están siguiendo un sesgo ideológico, yo creo que han perdido la independencia, autonomía, credibilidad y confianza. Vemos una reacción más política que de respeto a las normas tanto del derecho internacional como del derecho interno. En el Perú, el indulto, si bien ha sido objeto de cuestionamiento en su momento, ha pasado por varias etapas, ha sido materia de control y verificación por el Tribunal Constitucional. Por ello es que la Presidencia de la República ha podido materializar el excarcelamiento. Yo creo que en esta línea se debe continuar, en todo caso, asumir una posición de defensa bastante determinante frente a estas acciones que pretenden retrotraer el indulto y hacer que devuelvan a Fujimori a la cárcel.
Caso Fujimori
“El TC ha procedido conforme a ley en caso de Fujimori. Perú debe responder con firmeza a organismos internacionales que pretenden invadir autonomía de las instituciones”, dijo Vilcatoma.
Sesgo ideológico
“La CIDH y la CorteIDH están integradas por personas con sesgo ideológico, sin credibilidad y que no generan confianza”, comentó Vilcatoma.
