El fiscal José Domingo Pérez enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito desde mayo de 2024 por el Ministerio Público. La indagación, a cargo del fiscal superior titular Reggis Oliver Chávez Sánchez.
La denuncia señala la adquisición de una camioneta Volvo valorada en 76 mil dólares, así como un departamento y un estacionamiento en Miraflores, lo que habría generado un desbalance patrimonial de más de 131 mil soles. Tras mostrarse en el programa Willax fragmentos del documento fiscal que formalizan la investigación contra Pérez, el parlamentario de Fuerza Popular, Héctor Ventura, hizo un anuncio al respecto.
“Mañana solicitaré ante la Comisión de Fiscalización que inicie indagación sobre el presunto desbalance patrimonial que tendría el fiscal Domingo Pérez. La Fiscalía también debe iniciar acciones inmediatamente”, escribió Ventura a través de su cuenta en la plataforma X.
Según el Ministerio Público, el fiscal Pérez presenta un desbalance de más de 131 mil soles en un periodo de cinco años, entre 2018 y 2023. Además, se ha identificado que ha realizado retiros que exceden sus ingresos mensuales. Un estudio pericial determinó que solo en mayo de 2021, Pérez dispuso de 24 mil soles en efectivo, superando los 14,700 soles que percibe mensualmente.
Por su parte, la congresista Gladys Echaíz (Honor y Democracia) aseguró que el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, debe seguir la investigación por un presunto enriquecimiento ilícito del fiscal José Domingo Pérez.
De acuerdo con la legisladora, esta situación es grave y, de encontrarse un desbalance patrimonial, se debe realizar la investigación preparatoria.
“No sé si ya terminó o si solo ha concluido la pericia, que es esencial en este tipo de investigaciones. Si se encuentra un desbalance patrimonial hay que disponer la investigación preparatoria. Grave es, eso ya lo tiene que determinar los órganos de control y tomar las decisiones correspondientes, y también la Junta Nacional [de Justicia]”, dijo en diálogo con la prensa.
Asimismo, indicó que podría adoptarse como sanción una separación del cargo o de los casos que investiga. “Depende de que el fiscal decida el ejercicio de la acción penal”, agregó.
Por su parte, el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza lejos de emitir un pronunciamiento enérgico, prefirió dar un mensaje sumido en la pasividad.
“Toda persona sea juez o fiscal tiene derecho a un debido proceso. En este caso como es un fiscal tiene que ir por la Autoridad de Control del Ministerio Público”, fueron las palabras de Antonio de la Haza.
A esto adicionó que para emitir un juicio de valor primero se tiene que hacer el trámite correspondiente, analizar y escuchar al investigado para tomar una decisión. Sin embargo, esta misma actitud no tuvo con la exfiscal Patricia Benavides, ya que fue uno de los que votó a favor de su destitución en la cuestionada JNJ.
ALERTA
El abogado penalista Andy Carrión advirtió que, de ser hallado culpable, el fiscal José Domingo Pérez podría pasar 8 años tras las rejas.
“En la versión más grave, podría implicar hasta 8 años de prisión el enriquecimiento ilícito”, manifestó Carrión en entrevista con el programa Altavoz.
Además, el letrado no descartó que el fiscal Chávez Sánchez, una vez en etapa preparatoria, pueda requerir la prisión preventiva de Domingo Pérez.
“No se puede descartar. En ocasiones, el hecho de tener todos los arraigos no significa que eso no se solicite”, aseveró.
SE HACE AL LOCO
El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza, dejó expuesto el doble rasero que rige en la entidad que lidera, pues, al ser consultado sobre la investigación fiscal en contra de José Domingo Pérez por enriquecimiento ilícito, este respondió que el integrante del Equipo Especial Lava Jato tiene “derecho a un debido proceso”.
Esto se contradice con la celeridad con la que actuó la JNJ en el caso de Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, quien fue suspendida y luego destituida, de manera exprés, después de ser sindicada como cabecilla de una presunta organización criminal.
