El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, señaló que los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba han actuado fuera del marco constitucional y legal en el caso ‘Cócteles’.
Asimismo, precisó que “no existe el lavado de activos que acusa la Fiscalía a Keiko Fujimori
“Lo que han hecho estos dos caballeros es irregular, es inconstitucional y es violatorio de la imparcialidad fiscal, es violatorio del secreto profesional y es pasible de sanción y eso lo tiene que saber el país. Estos fiscales han actuado fuera del marco constitucional y legal”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que los jueces y fiscales deben pagar una indemnización cuando mandan a personas inocentes a prisión preventiva. A esto se sumaría una pena de cárcel por abuso del poder.
El exmagistrado indicó que se basa en un artículo constitucional, el cual está dentro de las garantías de la función jurisdiccional. También, precisó que el Poder Judicial (PJ) debe garantizar al justiciable como elemento mínimo para un debido proceso.
«Yo sostengo que los jueces y fiscales deben pagar una indemnización cuando mandan inocentes a la prisión preventiva. Y me baso en un artículo constitucional que está dentro de las garantías de la función jurisdiccional, es decir, lo que el Poder Judicial le debe garantizar al justiciable como elemento mínimo para un debido proceso», sostuvo.
Asimismo, Blume aseguró que el justiciable tiene derecho a una indemnización por los errores judiciales, en los procesos penales, y por las detenciones arbitrarias.
Con respecto al caso Cócteles, el especialista manifestó que, a raíz de la normativa, tendría que promoverse un proceso de compensación por daño moral y el daño sufrido en la época de la carcelería.
«Tiene derecho el justiciable a una indemnización por los errores judiciales, en los procesos penales, y por las detenciones arbitrarias. Este artículo que está vigente no está siendo aplicado ni cumplido (…) (Sobre el caso Cócteles) A la luz de la normativa, tendría que promoverse un proceso de indemnización por daño moral y todo el daño sufrido en la época de la carcelería», añadió.
Por su parte, el abogado Víctor García Toma señaló que “la investigación ha estado a cargo de una persona incompetente. No existe el lavado de activos que acusa la Fiscalía a Keiko”.
Keiko Fujimori, en octubre de 2018, fue detenida preliminarmente en el marco de investigaciones de aportes irregulares de campaña y del escándalo de corrupción Lava Jato y fue liberada a fines de 2019 luego de que el Tribunal Constitucional le concediera un habeas corpus. Fujimori regresó a prisión preventivamente en enero de 2020, medida revocada por la Sala de Apelaciones en abril, la misma que ordenó su libertad bajo comparecencia restringida en mayo del mismo año.
Actualmente, se ha demostrado falta de objetividad de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela contra la lideresa de Fuerza Popular y otros acusados en el Caso Los Cócteles, tal es así que el Poder Judicial anuló parte de las investigaciones contra la excandidata presidencial debido a la falta de objetividad de estos fiscales, acusados por el colaborador Jaime Villanueva de hacer un cerco judicial a Keiko Fujimori y el expresidente Alan García.
