Estuvo vigente hasta fines del 2020 y fue derogada por el rechazo social
La ley de promoción agraria, conocida como Ley 27360, fue concebida al final del gobierno de Alberto Fujimori como una medida provisional. Permaneció en vigor hasta finales de 2020, pero fue revocada debido a la oposición social, especialmente por parte de los empleados del sector de agroexportación.
Estos trabajadores habían solicitado mejoras salariales durante años, argumentando que la normativa, popularmente llamada ley Chlimper, otorgaba a las empresas beneficios fiscales y contribuía al auge del sector.
El ex presidente Francisco Sagasti ratificó una legislación proveniente del Congreso que establecía que los trabajadores en la industria agroexportadora recibirían el 5% de las ganancias de las empresas, aumentando progresivamente al 10% solo a partir de 2027.
Además, se garantizaría el derecho a la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), gratificaciones, un bono especial equivalente al 30% de la remuneración básica y períodos de vacaciones.
Por otro lado, las empresas ya no tendrían la ventaja de mantener indefinidamente el pago de solo el 15% de Impuesto a la Renta, debiendo ajustarse al 29,5% que se aplica al resto de las compañías, aunque este cambio se implementaría gradualmente hasta 2028.
Antes de la CADE, el ministro de Economía, Alex Contreras, reconoció que la derogación de la ley Chlimper «fue nefasta para el sector agroexportador» y le generó «un daño estructural» que limitó sus capacidades, por lo cual, la gestión de Dina Boluarte iba a proponer «algunos cambios normativos» para esta actividad.
Incluso en el ámbito laboral, afirmó que se conservará el aporte del 6% que los beneficios deben hacer a Essalud sobre el salario de los trabajadores hasta el 2025. Según la ley promulgada por Sagasti, en ciertas empresas, la tasa para este año debería ser del 8%, aumentando al 9% para el año 2028.
En la conferencia de la Cámara de Comercio de Ica, el líder del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anticipó que buscarán implementar medidas fiscales incentivadoras con el objetivo de «dinamizar la inversión y el empleo» en áreas estratégicas como la agroexportación.
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Ayer, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, destacó que el Estado debe actuar como facilitador para acceder a nuevos mercados. En este sentido, expresó la necesidad de simplificar la gestión pública para agilizar los procesos.
En relación con la reciente ley agraria, se ha suscrito un convenio con el Banco Central de Reserva (BCRP) para analizar su impacto y promover ajustes en consecuencia.
Los comunicados ministeriales se presentan en un contexto en el que el sector agroexportador, según las palabras de Gabriel Amaro de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), opina que las modificaciones normativas implementadas hace tres años no favorecieron al productor y fueron creadas. con un enfoque ideológico, populista y político.
