Analistas ven con preocupación lo que vaya a suceder de cara a las elecciones generales. Producción del metal precioso se redujo en más de 10% en el primer trimestre del año.

El Ejecutivo sigue apostando por el registro de formalización minera, pese al avance descontrolado de la minería ilegal. Esta situación queda evidenciada en las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que muestran que la brecha entre la producción y la exportación de oro más que se ha duplicado en la última década.

En febrero, la producción de oro registrada por el Minem alcanzó los 7’804,871 gramos finos. En contraste, en ese mismo mes se exportaron 15’753,911 gramos finos, es decir, cerca del 50% del oro exportado no figura en los registros oficiales de producción.

Podría pensarse que esta diferencia responde a un sobrestock acumulado de años anteriores, pero los datos lo descartan. Este mismo patrón se repite desde hace al menos una década. Aún más preocupante, en 2015 el porcentaje de oro exportado que no estaba registrado era de solo 23%. 

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Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), advirtió que cerca del 50% del oro que exporta el país proviene de la minería ilegal, por lo que no genera ingresos tributarios para el Estado. Además, esta actividad se desarrolla al margen de los derechos laborales, lo que expone a los trabajadores a condiciones precarias y sin protección. Se trata, por tanto, de una minería que ensucia, contamina y abusa.

“El problema es que el Perú no gana nada con eso. Por el contrario, pierde. Se estima que el valor de lo producido por la minería ilegal bordea entre US$10,000 millones y US$12,000 millones al año, y nada de eso se destina a hospitales, escuelas o infraestructura que beneficie al país”, explicó.

En la misma línea, el exviceministro de Minas Guillermo Shinno sostuvo que la minería ilegal impide cerrar la brecha social en varias regiones, ya que solo beneficia a pequeños grupos.