Por Sergio Tapia T.
La semana estuvo plagada de resoluciones judiciales de trascendencia para el interés ciudadano. Tras la sentencia de la Corte Suprema que declaró infundada la Acción Popular (proceso para declarar inconstitucionales las normas legales de inferior jerarquía que la ley), presentada por el colectivo Padres En Acción contra el currículo escolar infectado de Ideología de Género.
La decisión no me extrañó. Porque no se puede esperar justicia de una Corte Suprema en la que todos sus miembros decidieron, hace dos años, crear la Comisión de Justicia de Género para infestar el Poder Judicial con esa ideología. La sentencia tenía que ser contraria a los padres de familia, porque los jueces están comprometidos con sus contrarios.
A renglón seguido, la Ministra de Educación ante la Comisión de Educación, perdió equilibrio político al reconocer como error la referencia a las crudas enseñanzas sexuales pro-homosexuales en textos destinados para los adolescentes del tercero de secundaria. El martes, el propio gobierno le quitó el piso a la Ministra, publicando la Política Nacional de Igualdad de Género, documento mediante el que este gobierno expresa su voluntad política de fortalecer la educación sexual con orientación de género en todos los niveles escolares, y a través del Ministerio de Salud aplicar programas de control de natalidad en niñas desde los 12 años y en menores hasta de 17 años, incluyendo campañas para que el aborto sea una práctica de salud reproductiva cada vez más tolerada y menos reprimida penalmente.
No se necesita ser adivino para predecir que esta Ministra de Educación caerá, por la legítima reacción de las fuerzas morales del Perú y por el abandono de su propio gobierno.
Sobre el encarcelamiento del expresidente PPK, estoy disconformidad por la orfandad de motivación. No soy amigo ni simpatizante de PPK, me opuse a su candidatura, estuve contra su perjurio al segundo mes de ser presidente y su fracasado gobierno cómplice del sector caviar.
El artículo 261° del nuevo Código Procesal Penal que regula la Detención Preliminar debe ser reformado, sirve de herramienta para los fiscales ineficaces y los jueces imprudentes, y el conjunto medroso que ambos conforman. Sirve para que se luzcan como muy prestos y laboriosos. Les sirve de instrumento ilegítimo para restringir el derecho a la libertad.
No es posible que luego de un año de investigaciones, el fiscal pida Detención Preliminar, la que tiene por finalidad asegurar los primeros pasos del trabajo de un fiscal, para que no fugue el investigado y no obstruya la obtención de los medios probatorios.
Otra resolución judicial con ruido político es la adoptada en Madrid, dando libertad al ex–juez supremo Hinostroza, que fugó del país con la complicidad del aparato del estado de este gobierno. Las reacciones que he observado son demagógicas, la percepción que cunde es la de la justicia como decisión de la plebe, que conduce al linchamiento popular.
Es una reacción pasional explicable en un pueblo harto de la impunidad del más fuerte, del más vivo, del coimero, del tarjetazo y del compadrazgo.
Por último, no puede callar mi rechazo e indignación por el abuso incurrido por el Obispo de Trujillo Cabrejos, que usa el membrete y sello de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) para criticar a uno de sus Obispos miembros, porque no es de su argolla. Qué mal, qué censurable, qué detestable. Pero, el beneficiado del cura Cabrejos le ha mordido la mano, al twitear “Histórico. Nunca había visto una ruptura abierta del espíritu de cuerpo en el episcopado peruano”.
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https://larazon.pe/2019/04/06/ideologia-de-genero-intoxica-al-estado-%e2%80%a8/
