El ejecutivo emite directrices con el fin de mejorar la eficiencia del procedimiento de evaluación ambiental
El Poder Ejecutivo ha promulgado una disposición destinada a reforzar y optimizar los procedimientos de evaluación de Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) y sus respectivas modificaciones (MEIA-d) a cargo del Senace. El objetivo es agilizar las inversiones sostenibles para favorecer el crecimiento económico del país.
El Decreto Supremo N° 013-2023-MINAM, publicado el pasado 30 de diciembre, establece disposiciones adicionales para la implementación del artículo 21 de la Ley N° 30230, la cual simplifica los procedimientos y permisos relacionados con la inversión. Entre las principales disposiciones, se instaura un esquema de coordinación progresiva con las entidades que funcionan como evaluadores técnicos vinculantes.
Según este mecanismo, el Senace, basándose en la identificación de proyectos prioritarios por parte de las autoridades sectoriales, determina qué proyectos se incorporarán al esquema de coordinación. Esto tiene como objetivo mejorar la coherencia de los procesos de evaluación del impacto ambiental y optimizar la labor de los comisionados de las entidades evaluadoras, con la finalidad de fortalecer la consistencia técnica entre las entidades y, por ende, agilizar los trámites.
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Adicionalmente, la normativa perfecciona los procesos de certificación ambiental relacionados con los EIA sin categoría, la recepción de solicitudes para la evaluación de estudios e instrumentos ambientales complementarios, las peticiones de opiniones técnicas no vinculantes, y la asignación de códigos de certificación ambiental QR, entre otras medidas destinadas a mejorar la eficiencia y eficacia de la evaluación ambiental. También se incluyen disposiciones relacionadas con la suspensión de la inscripción de las consultoras ambientales en casos de infracciones identificadas y reincidencia en faltas cometidas.
Sobre el Senace
El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) constituye un organismo público especializado de carácter técnico, que opera bajo la dependencia del Ministerio del Ambiente. Su función principal radica en analizar la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión más intricados a nivel nacional. Este análisis se lleva a cabo con un enfoque técnico sólido y la inclusión activa de la ciudadanía, lo que contribuye a generar confianza en la población respecto al proceso de evaluación ambiental.
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