Analista político Sergio Bolívar percibe alto grado de honestidad en el discurso del Primer Ministro Galarreta

 

VALERIA PONCE

El analista político Sergio Bolívar destaca el arranque del gobierno de Keiko Fujimori, que registra un 57% de aprobación según Ipsos, y resalta que el gabinete de Galarreta ha presentado un diagnóstico con metas y fechas concretas, a diferencia de gestiones anteriores.

 

— ¿Cómo evalúa el arranque del gobierno de Keiko Fujimori frente a otros gobiernos de la región que también iniciaron gestión con un Congreso fragmentado?

Este gobierno ha traído algo que no había antes: esperanza, y una sensación positiva hacia las inversiones. Hay muchas promesas, pero si las tomamos en serio para anotarlas y revisarlas después, el discurso de Galarreta con medidas concretas puede tomarse no como una promesa vaga, sino como una meta con fechas. Mencionó cosas concretas: nuevo equipamiento para la unidad de extorsión, atención a domicilio para adultos mayores, nuevas conexiones de agua, proyectos de riego terminados. A diferencia de otros gobiernos, no se quedan solo en discursos inaugurales; parece haber capacidad para dirigir carteras con más solvencia. Percibo un alto grado de honestidad en Galarreta. Su discurso calificó al Estado como un desorden desbordado: «tarde para el delito, tarde para los desastres, pero temprano para las multas y el papeleo». Nos habíamos desacostumbrado a ver que existía gobierno.

Hay un patrón que se repite en el Perú cada cinco años, todo gobierno entrante abre con la frase «hemos heredado el caos», y eso por sí solo no prueba nada. Lo que distingue a Galarreta es que no dejó el diagnóstico flotando, lo amarró con fechas concretas junio de 2027 y a 2030, lo que convierte la autocrítica en una apuesta verificable. Cabe aclarar que ese diagnóstico no fue por voluntad propia: el artículo 130 obliga a presentarlo dentro de los primeros 30 días. A la gente todavía le está gustando este gobierno, Ipsos midió un 57% de aprobación. Pero el motor legislativo está detenido, las facultades en materia tributaria y de seguridad que el gabinete prometió hace semanas aún no llegan al Congreso, y la buena voluntad no dura para siempre.

 

— ¿Cómo evalúa el desempeño del gobierno frente al problema de la extorsión en este primer mes?

Se ha hablado de un plan para terminar anticipadamente con los delitos violentos y cerrar la «puerta giratoria», significa que muchos delincuentes son detenidos y, a las horas o días, vuelven a estar libres en la calle. El tema es fortalecer el sistema de flagrancia. El día que Galarreta hizo su anuncio, admitió: «hemos llegado tarde», y es tarde porque recién han logrado medir el problema. Tienen que ampliar su sistema especializado contra la extorsión, 15 distritos judiciales deben devolver capacidad operativa al sistema de inteligencia nacional, y las Fuerzas Armadas deben estar en la seguridad de los penales. Es un paquete armado con la idea de la mano dura, pero el problema no está en el diseño, hay más de 100 homicidios en lo que va de la gestión y el mismo patrón de extorsión en el transporte sigue intacto. El 25 de agosto los transportistas van a un paro, y es precisamente lo que Belaúnde prometió resolver esta semana.

Hay cifras que deberían incomodar al Ejecutivo, la Policía tiene 140.000 efectivos y solo el 9% está dedicado a investigación criminal. El propio Congreso lo dijo, la DIVIAC ha retirado a muchas personas de sus funciones. Las unidades distritales de inteligencia contra la extorsión no tienen presupuesto. Si el sistema central se maneja con solo una fracción en inteligencia, ya no es un problema de leyes, sino de que los policías que tenemos no cuentan con la capacidad ni los recursos. Yo creo que aquí es un asunto de hacer efectivo el presupuesto, y traer toda esa tecnología que se ha ofrecido a hacer y las medidas que se han dicho.

Aquí hay una oposición, Norma Yarrow señaló que el ministro Astudillo mantiene en el cargo al general Arriola pese a los cuestionamientos en su gestión, y a eso hay que sumarle la cantidad de homicidios. De nada va a servir que el Congreso dé facultades especiales contra la extorsión si la cadena de mando operativa, la que decide dónde se ubica cada policía, no cambia junto con la ley. Legislar contra la extorsión va a ser uno de los puntos más álgidos y una de las pruebas más complicadas para este gobierno.

 

— Más allá de los anuncios, ¿qué acciones concretas ha tomado el gobierno frente al Fenómeno del Niño?

Esa es la prueba ácida. El Gobierno mismo admitió que llegó tarde al tema, ha lanzado una comisión para enfrentarlo, pero según su propio conteo llegan con cinco o seis meses de retraso. Hay cierta objetividad, la comisión tiene ministerios reales detrás, Agricultura, Defensa, Economía, Vivienda, el Indeci, y son 536 puntos críticos que deben limpiarse antes de que las lluvias lleguen a su punto más fuerte en octubre.

La prueba no es el anuncio, sino si esos cauces se limpian con calendario o solo con comunicados de prensa. Hoy es un plan en papel; en octubre será el examen real. Se han mencionado nombres de especialistas en el fenómeno que están participando, lo que da cierta tranquilidad. El propio Enfen ha señalado que el fenómeno se extenderá hasta el verano del 2027, con un pico de magnitud fuerte justamente en octubre. El gobierno no tiene meses de margen, solo semanas. El dinero que ha anunciado, 800 millones de soles, tiene que dividirlo en partes, 450 millones de soles destinado a limpieza, y 350 millones de soles a la escasez.  Esas partidas necesitan un cronograma mucho más claro sobre cómo se van a ejecutar. Lo que se necesita ahora es menos diagnóstico y más ejecución; el diagnóstico ya terminó.

 

— ¿Cómo se perfila la relación entre el Ejecutivo y un Congreso fragmentado? ¿Podrá el gabinete de Galarreta sostener el respaldo parlamentario?

No creo que haya una luna de miel tan marcada; va a haber tropiezos. Pero las señales del gobierno, el diagnóstico acertado y la autocrítica inusual del primer ministro, hacen que el riesgo esté en que ese diagnóstico no se convierta en actuación. Si no se convierte en algo concreto, ahí van a surgir los problemas con el Congreso.

Cuando Galarreta habló de insumos guardados durante años sin utilizarse, o de miles de kits de uniformes nunca distribuidos, eso es lo que separa a un diagnóstico auditable de un simple discurso de campaña. Cualquier gabinete dice que ha recibido un desastre, pero muy pocos llegan con almacenes específicos y números concretos. Es un arranque rápido, no ha habido voto de confianza obligatorio hasta el momento. Pero ya hay pequeños exámenes en el camino, a los 16 días, el ministro de Defensa enfrentó una interpelación formal del Congreso. No es que el sistema se haya vuelto más lento; es fiscalización, que se irá dando por momentos entre el Congreso y el Ejecutivo.

 

— ¿Qué medidas debería acelerar el Ejecutivo en el corto plazo para no perder la confianza de los inversionistas internacionales?

Las medidas económicas no están mal. La más discutida es el subsidio al diésel, pero las demás políticas económicas han sido aceptadas y no malinterpretadas. Un subsidio nunca resuelve una realidad de fondo. La reforma minera anunciada por el ministro Shinno busca que el canon llegue directamente a las comunidades, algo que se espera desde hace décadas, el dinero del canon se ha acumulado en las capitales de región y rara vez llega de la mina a la comunidad. Es una idea correcta en el papel; lo difícil está en la ejecución regional, porque los gobiernos locales tienen un mal historial de gasto incluso cuando el dinero les llega.

Con el Reinfo pasa algo similar, el ministro Shinno ha prometido destrabar 40 mil millones de dólares en inversión minera y terminar con el Reinfo. Hay más de 60 mil millones de dólares en proyectos esperando permisos. Pero el Reinfo no es solo un permiso, es el sustento de miles de mineros pequeños, algunos formales y muchos no. Eso no se resuelve con un anuncio, sino con una ruta de formalización real y una fiscalización que no colapse cuando se vuelva difícil políticamente. Los permisos se han acelerado por decreto, pero el Reinfo no se termina por decreto.

Sobre el subsidio al diésel: el precio internacional del barril subió de 60 a 100 dólares, en gran parte por el Estrecho de Ormuz, algo que el Perú no originó, y eso golpeó a los transportistas que ya habían anunciado un paro. El subsidio paga a los operadores formales de carga y pasajeros, unos cuatro soles por galón depositados directamente en cuentas del Banco de la Nación. No es control de precios, es un pago focalizado con un plazo de tres meses, prorrogable. Exministros como Carranza o Castilla lo han calificado de ortodoxo y sensato. La pregunta pendiente es qué pasa el cuarto mes si el precio del petróleo no baja.