Hace ciento cuarenta y seis días que el Poder Judicial autorizó el inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros, por la presunta recepción de aportes ilegales de Odebrecht y OAS para financiar su campaña del “No a la revocatoria” y su reelección en 2014.

Sin embargo, desde aquel 5 de noviembre de 2024, fecha en la que se emitió el auto de enjuiciamiento, hasta la actualidad, no ha habido avances significativos en el caso.

La razón es que al menos siete de los implicados, entre ellos Susana Villarán, apelaron la orden de iniciar el juicio y sorprendente tuvo eco y se dispuso que sala de la Corte Superior Nacional revise esta apelación.

Hasta el momento no existe fecha para que se resuelva la apelación, ellos a pesar que no existe ninguna razón de peso para detener el inicio de juicio oral, más aún que Villarán ya admitió que recibió dinero sucio de las constructoras brasileñas. Por lo que la fiscalía ha pedido 29 años de prisión.

Los implicados impugnaron amparándose en una reciente ley del Congreso (N° 32130), promulgada en octubre pasado, que permite a los procesados apelar la orden del juez de pasar un caso a juicio oral tras la fase de control de acusación.

Según el penalista Mario Amoretti, la norma aprobada por este Parlamento tuvo el propósito de favorecer a los congresistas cuando dejen sus curules luego de 2026, en caso de que las investigaciones que afronten tengan avances significativos.

Como sabemos, varios de ellos enfrentan procesos por casos importantes, como “Los Niños” y “Mochasueldo”, entre otros.

“Antes de su promulgación no se apelaba el auto de enjuiciamiento”, recordó Amoretti.

A su criterio, esta ley es a todas luces ilegal porque se promulgó con el objetivo de “beneficiar a delincuentes” y empantanar casos judiciales.

De acuerdo con el Poder Judicial, esta norma podría afectar a más de 100 casos de crimen organizado y corrupción.

En el caso de Villarán, cuyo auto de enjuiciamiento fue impugnado, comprende a 21 acusados, 10 personas jurídicas y 16 terceros civilmente responsables.