El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú SINTRAP – INPE encabezado por su secretario general Angel B. Llancari Villavicencio, realizaron plantones, marchas masivas y una huelga nacional indefinida durante el mes de agosto que duró 14 días. Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se comprometieron a través de unas propuestas que fueron remitidas al ministerio de economia y finanzas a impulsar alternativas de solucion a fin de cumplir con las demandas de los trabajadores penitenciarios que laboran en los 68 establecimientos penitenciarios a nivel nacional, con la intención de suspender la huelga nacional. Por otro lado, al llegar a un acuerdo con el sindicato de trabajadores penitenciarios del SINTRAP – INPE se propuso levantar la huelga por 45 días, plazo estimado en el cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humados presidido por el ministro Eduardo Arana, tenían que impulsar estas propuestas, sin embargo, estos no se cumplieron hasta la fecha. Al no ver una solución el sindicato de trabajadores del SINTRAP – INPE nuevamente retomaran la huelga nacional indefinida desde el 20 de noviembre. Asimismo, el instituto nacional penitenciario tampoco ha cumplido con la negociación colectiva 2023 – 2024. En donde no han cumplido con otorgar los alimentos al personal de administración y tratamiento de los establecimientos penitenciarios como tampoco cumplir en forma adecuada las compensaciones de las horas laboradas en exceso por el personal de seguridad, sumado a ellos existe el incumplimiento del pago de los beneficios sociales para el personal del INPE, tales como: Bonificación por 25 y 30 años, CTS, LUTO Y SEPELIO, etc. Finalmente, como consecuencias de la huelga nacional indefinida se estarían cerrando todos los penales a nivel nacional lo cual afectaría el derecho de los internos a recibir sus visitas de sus familiares, no tendrían visita de sus abogados, truncándose las diligencias judiciales programadas del poder judicial. Asimismo, las carceletas se abarrotarán de internos al no haber traslado de interno a los penales, poniéndose en riesgo la seguridad nacional. Entre otras consecuencias con la posibilidades de darse reyertas y motines en los diferentes establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
