Mientras tanto, ADEX insta a promover la inversión privada como motor de progreso
Tras el reciente ataque perpetrado por mineros ilegales contra la operación de Poderosa en La Libertad, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) hizo un llamado a una «acción inmediata» por parte del Estado para detener esta amenaza.
El gremio destacó que en el país se han registrado una serie de atentados contra la integridad física y la salud de las personas, así como ataques recurrentes contra la infraestructura, invasiones de terrenos y propiedades privadas. Estas acciones delictivas, cada vez más frecuentes por parte de mineros ilegales, tienen como objetivo desestabilizar la economía formal del país.
El 8 de mayo, Poderosa fue nuevamente blanco de un ataque, esta vez dirigido hacia la línea de transmisión LT 6050 de 60 kV. En este acto de violencia, los perpetradores destruyeron la torre 55, la cual conecta el Sistema Eléctrico Nacional (SEIN) con la mina. Este incidente no es un caso aislado, ya que la empresa ha sido objeto de violencia en ocasiones anteriores, lo que ha resultado en la pérdida de 17 vidas de trabajadores hasta la fecha.
La SNMPE solicitó la implementación de medidas estrictas para supervisar la adquisición, venta, transporte y utilización de explosivos químicos, debido a esta situación. Además, destacó la necesidad de reforzar la inspección en las plantas de procesamiento para identificar aquellas que reciben y procesan minerales extraídos ilegalmente.
El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) también compartió esta postura y consideró «esencial» implementar medidas eficaces para regular el uso de dinamita en zonas de elevado riesgo.
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Considerando que Pataz está en una zona declarada en estado de emergencia, el IIMP observó que esta medida no ha logrado asegurar el estado de derecho y la «protección de las personas y empresas» presentes en la región.
«Instamos a la implementación de un proceso transparente, consistente y eficaz para regularizar la minería artesanal. Además, demandamos que las autoridades de todos los niveles gubernamentales tomen medidas enérgicas y continuas para investigar y detener la actividad delictiva en todo el territorio nacional», añadió.
La Asociación de Exportadores (ADEX) expresó la necesidad urgente de realizar modificaciones constitucionales para establecer un marco legal robusto que respalde las acciones de las Fuerzas Armadas y los diversos órganos judiciales para combatir la ola de violencia.
El gremio considera fundamental promover la inversión privada para fomentar un desarrollo descentralizado, así como garantizar la seguridad y mejorar el acceso a la educación y la salud.
En esa línea, ADEX instó a las autoridades a abordar los problemas estructurales que han mantenido al país en una situación precaria durante años, argumentando que solo de esta manera se podrá romper el ciclo que perpetúa la pobreza entre los sectores más vulnerables.
