Fiscalía pide multas e inhabilitación para los implicados.
Siete oficiales de la Marina de Guerra podrían enfrentar seis años de prisión por un presunto perjuicio de 36 millones de soles al Estado. La Fiscalía Anticorrupción del Callao descubrió que los hechos, ocurridos entre 2013 y 2016, incluyen el pago irregular de dobles sueldos y contratos fantasmas para servicios educativos y de asesoría.
El caso se inició en 2018, luego de que un informe interno de la Marina detectara múltiples irregularidades en la gestión de cientos de contratos. Según la acusación fiscal, se realizaron modificaciones contractuales para aumentar pagos de manera indebida, afectando directamente los recursos asignados al sector.
Entre los implicados se encuentran altos oficiales como el vicealmirante Ricardo Menéndez Calle y los contralmirantes Héctor Riolo de la Oliva y Giancarlo Polar Figari, quienes habrían autorizado las modificaciones en los contratos. Además, se señala la participación de oficiales en retiro que cobraron remuneraciones duplicadas por conceptos de capacitación o asesoría, muchas veces sin haber prestado los servicios correspondientes.
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La investigación reveló que al menos 289 contratos no tuvieron supervisión adecuada y que en algunos casos los supuestos docentes estaban fuera del país en las fechas en las que habrían realizado su labor. Estos contratos no ejecutados habrían significado un daño económico de más de 17 millones de soles.
El proceso judicial también ha puesto bajo la lupa a Giancarlo Polar Figari, hermano del actual comandante general de la Marina, Luis Polar Figari. A pesar de los señalamientos, la fiscalía ha solicitado archivar las acusaciones contra otros oficiales, argumentando que solo verificaron la disponibilidad presupuestal sin aprobar directamente los contratos.
El fiscal a cargo del caso, Carlos Meza Fernández, ha solicitado, además de la pena privativa de libertad, una multa económica equivalente a 304 días de remuneración y la inhabilitación de los acusados para ejercer funciones públicas durante 15 años. La acusación se encuentra actualmente en etapa de evaluación en la Corte Superior de Justicia del Callao, esperando su pase a juicio público.
