Por red criminal, tráfico de influencias y colusión
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente de la República, Pedro Castillo.
De este modo, el documento elaborado por la comisión técnica de dicho grupo de trabajo fue aprobado por mayoría: 13 votos a favor, 8 en contra y cero abstenciones.
Con la votación de este miércoles, el Parlamento inicia formalmente el proceso. Ahora el expediente deberá ser enviado a la Comisión Permanente para que ratifique la decisión y otorgue un plazo de 15 días para elaborar un informe de calificación de hechos. Luego de ello siguen varias etapas.
Como se recuerda, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le imputa a Castillo Terrones los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Asimismo, la denuncia constitucional alcanza a los exministros Juan Silva Villegas (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).
La supuesta red criminal liderada por el mandatario operó, de acuerdo con la fiscalía, en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y Petroperú.
En el primer caso, la red encabezada por el jefe del Estado se encargó de copar puestos para facilitar el direccionamiento de contrataciones. Para el Ministerio Público, un indicio de ello es la publicación del Decreto de Urgencia 102-2021, norma que facilitó el financiamiento de obras en diferentes regiones que terminaron favoreciendo al grupo de asesores en la sombra del actual gobierno.
