El operativo se realizó en coordinación con la PNP, Ministerio Público, SUNAT- ADUANAS y SUTRAN.
En un operativo conjunto liderado por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), se incautaron 5 mil municiones que habían sido enviadas sin la debida autorización desde Lima hacia Chiclayo, en calidad de encomienda, a través de una empresa de transportes.
El hallazgo se produjo cuando fiscalizadores de la SUCAMEC verificaron una unidad vehicular en el kilómetro 757 de la carretera Panamericana Norte, a la altura del distrito de Reque. El material confiscado estaba distribuido en 100 cajas, cada una conteniendo 50 cartuchos.
Esta intervención se llevó a cabo en coordinación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT-Aduanas), la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP), demostrando el compromiso interinstitucional para fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir riesgos.
El jefe zonal de la SUCAMEC en Lambayeque, comandante PNP (r) Félix Torres Cobeñas, señaló que este tipo de operativos son esenciales para garantizar que el transporte de armas y municiones cumpla con la normativa vigente.
Requisitos para el traslado de municiones
De acuerdo con el reglamento de la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil; indica que, el transporte de más de 600 cartuchos dentro del territorio nacional requiere la obtención de la Guía de Tránsito emitida por la SUCAMEC.
Este documento especifica el origen y destino del material, así como sus características técnicas.
Torres Cobeñas recordó que, cuando se trasladan más de 5 mil cartuchos, como en este caso, es obligatoria la custodia, la cual debe ser brindada por la Policía Nacional del Perú o por empresas de seguridad privada registradas en la SUCAMEC.
Finalmente, la SUCAMEC reiteró que el incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones administrativas y que, de ser necesario, se informará al Ministerio Público y a la PNP para que actúen conforme a sus competencias.
