Desde el Ministerio Público se ha desplegado una sucia maniobra contra el expresidente Alan García, fallecido hace cinco años. El fiscal Domingo Pérez insiste en acceder a los celulares del exjefe de estado, pero se niega a entregar los suyos, requeridos en el marco de la investigación del cerco judicial que coordinó junto a Rafael Vela y el periodista Gustavo Gorriti.
El abogado del expresidente, Wilber Medina, señaló que acceder a los dispositivos del exmandatario es ilegal porque toda investigación acaba con el fallecimiento del investigado.
En ese sentido, cuestionó que desde diversos sectores se respalde la actitud de Gorriti, quien se ha negado a entregar sus celulares -al igual que Vela y Pérez- para que se investigue el denominado cerco contra García.
“Señores del Consejo de la Prensa, cuando IDL aplaude que la Fiscalía ingrese a los 2 celulares del extinto presidente Alan García, ¿también abre una ventana peligrosa para investigar a los muertos? ¿No es que la investigación se extingue con la muerte de la persona?”, señaló.
En ese sentido, consideró que lo que se busca es armar una cortina de humo que desvíe la atención de la responsabilidad de Vela, Pérez y Gorriti en la muerte de García.
APELACIÓN
Hace unas semanas, el abogado Erasmo Reyna, en representación de Pilar Nores y de los hijos del fallecido expresidente, Alan García Pérez, presentó un recurso de apelación contra la resolución judicial que autoriza al Ministerio Público a acceder a los celulares incautados al exjefe de Estado durante la diligencia de allanamiento de su vivienda, ocurrida el 17 de abril del 2019, en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.
El documento dirigido al sexto juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, refiere que “levantar el secreto de comunicaciones respecto a una persona fallecida” constituye “una medida desproporcional e ilegal”.
Esto, según detalló el letrado, porque se “extinguió la acción penal” contra García Pérez.
ILEGAL
Indica, además, que el juzgado ha incurrido en errores al emitir dicha resolución, el cual estaría vulnerando “el principio de legalidad procesal de las medidas limitativas o restrictiva de derechos y sin que existan suficientes elementos de convicción que sustente la medida”.
Por lo tanto, la defensa legal de la familia de Alan García, afirmó que “nuestra pretensión es que al auto apelado sea revocado por la Sala Superior Penal a donde serán elevados los actuados y se declare infundado el pedido formulado por la Fiscalía”.
Una de las razones para pedir el acceso a los celulares del expresidente es que se desea conocer con quienes conversó antes de su deceso. Efectivamente, mediante una resolución emitida en marzo último, El juez Leodan Cristobal Ayala precisó que la medida decretada por su despacho precisa que si bien el expresidente Alan García fue excluido de esta investigación tras su muerte, con la solicitud presentada, el ente fiscal no busca información penal respecto de la persona fallecida, menos de sus herederos, sino sobre los otros investigados con los que el exmandatario tuvo comunicación en vida con el uso de los equipos incautados “por lo que resulta legítima la solicitud respecto a la intervención de equipos de la persona fallecida”.
“Los equipos celulares incautados podrían contener elementos de convicción que coadyuven a esclarecer hechos máxime si se investiga presuntos hechos de lavado de activos a través de empresas off shore vinculadas a la empresa Odebrecht y a Faresh Miguel Ayala Herrera”, señaló a modo de justificación.
NO PROCEDE
El magistrado remarcó que, si bien esta incautación fue realizada por la Fiscalía Provincial de Miraflores, esta instancia dejó expresa constancia de que dichos equipos se encontraban a disposición del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, es decir del fiscal José Domingo Pérez, quien ha sido acusado junto a su socios Rafael Vela y Gustavo Gorriti de planear un “cerco judicial” contra Alan García.
El juez Leodan Cristobal Ayala declaró fundado el requerimiento realizado por el despacho del fiscal José Domingo Pérez Gómez para que se autorice judicialmente la ejecución de esta medida sobre estos equipos incautados como parte de la investigación preparatoria seguida al exministro aprista Luis Nava y otros por el caso Metro de Lima vinculado a Odebrecht.
Respecto de estos equipos, el magistrado autorizó la apertura, extracción, recuperación, lectura, examen, análisis acceso, visualización y almacenamiento de correos electrónicos y demás comunicaciones o correspondencia informática enviadas, recibidas almacenadas, borradas de cualquier modalidad del contenido de los dispositivos de almacenamiento.
