El escándalo desatado por la filtración del acuerdo entre la empresa Odebrecht y el Ministerio Público, al descubrirse que la constructora solo pagaría un monto irrisorio de reparación civil de S/610 millones en 15 años, ha hecho que también se pongan los reflectores sobre otras instituciones que debieron velar por los intereses del país y evitar que la empresa brasileña actuara con impunidad.
Ese es el caso de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
Basta recordar la denuncia presentada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Sunat ante la comisión Lava Jato del Congreso en contra de actuales y exfuncionarios del ente recaudador.
En dicho documento los acusan de no haber dispuesto la fiscalización oportuna de las obligaciones financieras de las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao; también por el “archivo irregular” de una denuncia contra el Consorcio Constructor IIRSA Norte y Constructora Área SAC; y por el retraso, la entrega parcial y discrecional de información y documentación requerida por la Comisión Pari.
Para agosto del 2015, diversos medios de comunicación nacionales daban cuenta de que el escándalo Lava Jato en Brasil involucraba también al Perú. Tomaban en referencia la confesión del empresario brasileño Leonardo Meirelles, quien reveló que trajo a nuestro país ‘200 mil dólares’. “Los de OAS requerían que se hagan pagos en el Perú y se llevó el dinero en cash”, dijo.
En este caso, los funcionarios de la Sunat de esa época, omitieron iniciar un proceso investigatorio. De acuerdo con la Ley, los funcionarios de esta institución tienen la obligación de comunicar inmediatamente al Ministerio Público, la comisión de un delito cuando considere que existen indicios.
Hay que recordar que cualquier ingreso de dinero a nuestro país, superior a los US $ 10 mil debe ser declarado, cosa que no ocurrió en el caso de Meirelles que trajo 200 mil.
En el 2016, la Comisión Pari, que investigaba el caso Lava Jato en el anterior Congreso, daba cuenta que la Sunat había archivado una denuncia por defraudación tributaria supuestamente perpetrada por la empresa Constructora Área SAC para favorecer al Consorcio Constructor IIRSA Norte propiedad de Odebrecht.
Justamente esta Comisión solicitó información a la Sunat, pero los funcionarios de esta entidad retrasaron la entrega de los documentos solicitados y además no los dieron completos.
“No cumplió (la Sunat) con brindar una atención oportuna e inmediata a los requerimientos efectuados por la comisión investigadora, brindando información de manera parcial e inexacta pese a las aclaraciones y precisiones expuestas textualmente por la comisión”, denunció en aquella oportunidad Juan Pari, quien además recomendó el inicio de las acciones correspondientes de los funcionarios Sunat, que estuvieron a cargo de alcanzarle la información que requirió.
La denuncia presentada ante la comisión congresal que presidía Rosa Bartra, también dio cuenta de que hubo una denuncia ante el Ministerio Público en contra del Consorcio Constructor IIRSA Norte y Constructora Área SAC. Por tal motivo, la fiscalía encargó a la Sunat investigue una supuesta evasión y defraudación tributaria de este consorcio, pero esta acusación fue desestimada en marzo del 2009.
