El Tribunal Constitucional ha anulado la condena de cuatro años de prisión suspendida contra Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, por el caso La Oroya. Este es el segundo fallo a su favor en menos de una semana, generando interrogantes sobre las implicancias de cara a las elecciones generales de 2026.

La resolución declara fundada la demanda de hábeas corpus presentada por Cerrón y anula la sentencia de 2019 que lo condenaba por negociación incompatible. Según el documento oficial, se ordena al Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supra Provincial de Huancayo emitir un nuevo pronunciamiento.

Los magistrados Helder Domínguez, Gustavo Gutiérrez, Francisco Morales y Pedro Hernández (ponente) suscribieron la decisión. En tanto, los magistrados Luz Pacheco, Manuel Monteagudo y César Ochoa votaron por rechazar el recurso. La sentencia revierte una resolución judicial que había impuesto a Cerrón cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida con un periodo de prueba de tres años.

Este fallo se suma a la reciente absolución de Cerrón en el caso del Aeródromo Wanka, donde la Corte Suprema lo exoneró de responsabilidad penal. A pesar de estas victorias judiciales, el exgobernador de Junín aún enfrenta un mandato de prisión preventiva y el pago de reparaciones civiles por un proceso de lavado de activos que sigue en curso.

La decisión del Tribunal Constitucional podría allanar el camino para una eventual candidatura de Cerrón en 2026, un hecho que ha despertado reacciones en diversos sectores políticos y ciudadanos.

El abogado de Cerrón, Luis Mayhua, aseguró que, tras el fallo del TC, su patrocinado está «habilitado» para postular a las elecciones generales de 2026.

«Hay un error de interpretación. Una sentencia no habilita, lo que lo habilita es no tener antecedente. Lo que la sentencia del TC dice que la dos sentencia con las cuales fue condenado son nulas», dijo.

«No es que el TC lo está habilitando, sino que como no tiene antecedentes, podría ser candidato (…) porque ya no tendría ningún impedimento legal», agregó.

La sentencia del máximo intérprete de la Constitución no solo anula la condena de 4 años y ocho meses por negociación incompatible en el caso de La Oroya, sino que ordena al Poder Judicial que vuelva a emitir un pronunciamiento sobre la situación legal de Cerrón.

Ante ello, el letrado señaló que «si se vuelva pronunciar, ya está prescrito». «Este es un caso de 2011, al 2025 han pasado casi 14 años. Este delito prescribe a los 9 años», afirmó.

Mayhua se refirió al Decreto Legislativo N°1243, promulgado en 2017, el cual estableció la inhabilitación de ocupar cargos públicos hasta por 20 años para quienes han sido condenados por delitos contra la administración pública.

«Hay una interpretación bastante particular que dice que a pesar de que se levante la inhabilitación (en una condena), queda el impedimento por la muerte civil. Pero esa ley de muerte civil apareció en 2017 y esto es un caso de 2011. (…) No tendría por qué aplicar», consideró.

Cerrón aún cuenta una orden vigente de prisión preventiva por 24 meses, por los presuntos delitos de lavado de activos. Ante ello, Mayhua señaló que «estos días ya debe decidirse» los pasos a seguir para buscar anular esta medida restrictiva. No obstante, indicó que «la prisión preventiva no es una circunstancia que le evite ser candidato».